Una carta de tarot del Diablo sobre el cadáver de una mujer

Los crímenes no son siempre cometidos por desalmados psicópatas sin ninguna empatía. En algunas ocasiones detrás de los homicidios subyacen enfermedades mentales y los autores no son responsables de sus actos, por muy terribles que estos sean. Las que desde luego no tienen ninguna culpa y más lo sufren son las víctimas y sus familiares. Es lo que ocurrió el 5 de diciembre de 1998 en una vivienda del barrio bilbaíno de San Ignacio. Según la información que se publicó entonces, un ertzaina que estaba apartado del servicio desde hacía unos siete meses por problemas mentales y que incluso se le había retirado el arma reglamentaria al seguir un tratamiento psiquiátrico, telefoneó a sus compañeros en la comisaría de la Ertzaintza en Bilbao. «Me llamo J.L.G.M. y acabo de matar a mi novia en mi casa», espetó.

La chica, Idoia Gil, de 25 años, a la que su madre llamaba 'Idoita', acababa de dejarle unos días antes del crimen, según se supo después. Poco antes de las diez de la noche, cuando ambos estaban a solas en la vivienda de los padres del agente, él acabó con la vida de la joven asestándole 20 puñaladas en la yugular, la espalda y el corazón. El cuerpo yacía de espaldas y sobre él había depositada una carta del tarot con la imagen del Diablo. El agente fue arrestado y conducido a la Unidad de Psiquiatría del hospital de Basurto, donde los especialistas valoraron su estado mental.

El juicio por este caso, previsto para principios de octubre de 2002, casi cuatro años después de los hechos, no llegó a celebrarse al admitir el juez la alegación de la defensa según la cual su cliente sufría una esquizofrenia paranoide que le exculpaba de cualquier responsabilidad criminal y que no se encontraba en condiciones de asistir a la vista oral. Sin embargo, la acusación particular, ejercida por la asociación Clara Campoamor y que representaba a la madre y hermanos de Idoia, rechazaba la atenuante de locura y pedía para el acusado 25 años de prisión al entender que había planificado el crimen.

Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo por el que el policía fue condenado por un delito de asesinato a un máximo de 17 años de internamiento en un centro psiquiátrico, con la eximente completa por trastorno mental. Al no haber en el País Vasco entonces ningún centro penitenciario psiquiátrico, el hombre, que entonces tenía 31 años, ingresó en Bermeo. Ya se advirtió que la pena podría verse reducida en función de sus posibilidades de recuperación. Según denunció entonces la presidenta de Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, que también llevó la acción popular en este caso, el hombre salió en libertad al cabo de dos años tras considerar el psiquiatra que se había recuperado. Posteriormente, se marchó a vivir fuera del País Vasco y rehizo su vida. «A mí el dolor no me lo van a quitar en la vida», declaró la madre de la víctima el día que debería haber comenzado el juicio.

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