Vecinos de Barakaldo piden ayuda para tirar o rehabilitar un bloque con aluminosis

Mari Sol y Mari Mar Castro llevan casi tres años sin poder entrar a la que fuera su vivienda familiar, donde se criaron junto a sus padres en Barakaldo, en el barrio de Cadagua. El mismo tiempo que Alfonso Contreras hace que no cruza la puerta de la vivienda –propiedad de su hermano– en la que residía de alquiler junto a su mujer y sus cinco hijos. El pasado 14 de julio de 2020, de madrugada, el suelo de dos de las habitaciones de la planta baja de ese edificio, Villa Maitia, se desplomó cayendo a la lonja situada en la zona baja, provocando tres heridos, y el desalojo inmediato de doce personas.

Un examen posterior de seguridad, solicitado por el Ayuntamiento, para reflejar el estado estructural del inmueble, reveló que varias de las viguetas de este bloque, de cuatro alturas y construido en 1959 en el monte, visible desde las curvas de Zorroza, sufrían aluminosis. Ahí empezó más si cabe el calvario de estos vecinos.

Un informe elaborado por arquitectos determinaba dos actuaciones posibles. Una era declarar en ruina técnica el edificio, pero un análisis urbanístico-técnico del Consistorio apuntó que en principio «ni se ha justificado que se cumplan las condiciones ni la amenaza del cemento aluminoso afecta al total de la estructura». También se ponía sobre la mesa la posibilidad de realizar una rehabilitación total del bloque, centrándose en el forjado siniestrado y en el resto, siendo necesario utilizar un método especial para reforzar el cemento afectado por aluminosis, con tornillería química.

Estas obras, a las que se añanden también trabajos en la fachada y los tejados, además de otras actuaciones, suponen un desembolso para los propietarios de las cuatro viviendas «inasumibles», en una zona degradada en la que es necesaria una intervención en materia de accesibilidad, ya que existen numerosas barreras arquitectónicas.

La comunidad de propietarios ha presentado instancias al Ayuntamiento solicitando la ejecución subsidiaria de las obras, afirmando «incapacidad económica absoluta» pero el ente local, en una carta emitida en diciembre de 2021, remarcaba que el deber de conservación y rehabilitación de la propiedad corresponde a los dueños. «Ya se han tomado las medidas oportunas para realojar provisionalmente a los afectados en viviendas públicas, en las que no pagan renta alguna. A la mayor brevedad posible se debe reconstruir el edificio. Es la obligación legal de los propietarios y les prestaremos el asesoramiento técnico y la ayuda necesaria», indican a este periódico desde el Consistorio.

«Esto nos desboda», apunta Mari Sol Castro, quien al igual que su hermana ha recibido este piso en herencia tras fallecer su padre. Ella aboga por la expropiación y el derribo, aunque hay otros vecinos como Alfonso, realojado en Trapagaran, que quiere volver. Un bloque que han tenido que tapiar en el portal para evitar nuevas okupaciones, mientras esperan una solución «asumible» que les saque del atolladero.

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