Juezas de Barakaldo alertan del «colapso» por la supresión de un juzgado de instrucción
Calculan que el cierre de este órgano aumentaría en más de 700 causas al año su carga de trabajo y reduciría a la mitad el tiempo para instruirlas
«Profundo rechazo, indignación e impotencia». Es lo que sienten las cuatro juezas de instrucción de Barakaldo y la titular del juzgado de Violencia contra ... la Mujer ante la anunciada supresión de uno de estos órganos, que se trasvasaría a uno especializado en malos tratos. En un escrito de queja hecho público ayer, lanzan la voz de alarma y auguran un «colapso inmediato», ya que no ha habido un «análisis previo de las cargas de trabajo ni de los perjuicios para la administración de justicia ni para la ciudadanía» por esta drástica medida. Se incluye en la Ley 1/2025 de eficiencia del servicio público de Justicia y entraría en vigor el 31 de diciembre de este año, y se deriva de la asunción por parte de los juzgados de violencia de los delitos sexuales. Como ya advirtió la presidenta de la Audiencia vizcaína, Reyes Goenaga, esta reforma va a generar una situación «caótica» porque incrementará el número de atestados que se reciban y, además, con contenido sensible, lo que a su juicio, podría deteriorar el tratamiento que se ofrece a las víctimas.
Otras víctimas desamparadas
Según el escrito de denuncia de las magistradas, que confiesan su «sorpresa mayúscula» y su «incredulidad» por la eliminación de uno de los cuatro juzgados de instrucción de la localidad fabril, la cuarta partida judicial más importante de Euskadi después de las capitales, Barakaldo, sería «el único en todo el territorio nacional» con solo tres de estos órganos. En otras localidades, como Santander o Vigo, también se han convertido en secciones de violencia de género, pero han pasado a contar con cuatro y con siete órganos, «y también se quejan», según indica la nueva jueza decana de Barakaldo, Sylvia Martín, que asumirá el cargo en cuanto su nombramiento se publique en el BOE.
Ella y sus compañeras ya remitieron un informe el pasado mes de abril al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), al Ministerio de Justicia y al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) sobre las «nefastas consecuencias» de esta supresión. Según denuncian en el escrito hecho público ayer, la carga de trabajo aumentaría en un 33%, es decir, cada juzgado recibiría 777 asuntos anuales más, que sumados a los actuales 2.300, superarían los 3.000.
Además, al haber menos juezas, tendrían que asumir más guardias, una cada tres semanas en lugar de cada cuatro, lo que reduciría a casi la mitad el tiempo que pueden dedicar a instruir «el trabajo ordinario». Las juezas baracaldesas se muestran partidarias de que se cree una segunda Sección de Violencia contra la Mujer, lo mismo que en Bilbao se sumaría una tercera, pero «no a costa de crear una problemática grave». A su juicio, «supone desviar el problema de un órgano a otro, desamparando al resto de las víctimas». «Exige refuerzos, no redistribuciones», apuntan.
Recuerdan que el partido judicial de Barakaldo cubre Cruces, «uno de los mayores complejos hospitalarios de España», por lo que debe atender partes de lesiones con implicaciones penales, agresiones sexuales o fallecimientos. También atiende al Puerto de Bilbao, ubicado en Santurtzi, cuya actividad genera un «volumen significativo de diligencias por accidentes laborales, investigaciones complejas de tráfico de drogas, trata de seres humanos, contrabando y delincuencia organizada», entre otros.
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