Denuncian el desahucio de 2.225 familias de Barakaldo en los últimos once años
Colectivos sociales y sindicales de la localidad fabril han pedido una solución a este drama con motivo del undécimo aniversario del suicidio de Amaia Egaña
Hace once años que Amaia Egaña, eibarresa afincada en Barakaldo, se quitó la vida a sus 53 años arrojándose por una ventana de su casa, de un cuarto piso, cuando iba a ser desahuciada de la vivienda que compartía con su marido y su hijo en el barrio de Urban-Galindo. Una trágica muerte que ayudó a concienciar a toda España sobre este drama, y que fue este jueves de nuevo recordada en la segunda urbe vizcaína, con un acto frente al juzgado al que acudieron varios colectivos sociales y sindicales del municipio.
Todos ellos denunciaron que más de una década después numerosas personas siguen siendo obligadas a abandonar sus hogares por problemas económicos en la localidad fabril. «Es una realidad que sigue ocurriendo, sin ofrecer ninguna alternativa habitacional a los afectados», apuntaron en un comunicado, resaltando que un total de 2.225 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en Barakaldo a lo largo de estos once años. «El 89% estaban en alquiler, algunas incluso en una habitación», añadieron, resaltando como «un problema grave» el acceso a una vivienda en el municipio.
Por ello han solicitado la aplicación del protocolo frente a los desahucios que se acordó en 2013 precisamente tras la muerte de Amaia Egaña, y que posteriormente fue renovado por el Gobierno vasco , Eudel y el Consejo General del Poder Judicial. «Establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente que garantice una alternativa habitacional a todas las personas y familias afectadas por un desahucio», indicaron las asociaciones promotoras de la movilización.
Debido a los incrementos de los precios del alquiler y las hipotecas, estos colectivos también han pedido «el acatamiento institucional de las resoluciones del Ararteko, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU», disposiciones legales que obligan a garantizar una vivienda a las familias afectadas por un lanzamiento, sobre todo cuando hay menores a su cargo.
Realojos inmediatos
Entre otras proclamas en esta concentración también solicitaron al Ayuntamiento de Barakaldo el aumento en la partida presupuestaria destinada a ayudas sociales, que a su juicio frenaría este drama, ya que gran parte de ellas se destinan al acceso y mantenimiento de la vivienda habitual. Además, reclamaron a las administraciones públicas una mayor apuesta por el alquiler social y por la creación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias afectadas por un desahucio.
