El cambio de ordenanza multiplica hasta por seis la tarifa del pantalán de Santurtzi

El pasado octubre, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que prohibía cobrar tarifas diferentes a los empadronados y a los no residentes en un polideportivo de Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Santurtzi llevó a pleno la modificación de la ordenanza de los pantalanes, un impuesto por el que se recaudan 350.000 euros al año. No se alteraron los precios base, pero sí se aplicaron dos coeficientes para, según afirmó el equipo de gobierno, «beneficiar a los residentes».

De esa manera, para los que no pagan el IBI en Santurtzi la tasa inicial se multiplica por 3,2. Y si no se paga el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, la tarifa se multiplica por 2,1. Pero si no se paga el IBI ni por el coche, la factura se multiplicará por 5,3. Una situación que ha puesto en pie de guerra a muchos usuarios de los pantalanes. «Es una tarifa bestial. Discrimina a más de 50 propietarios, algunos de los cuales tienen que pagar hasta 1.500 euros. ¿Por qué castiga así el Ayuntamiento a los empadronados que no tienen coche o piso a la hora de pagar el pantalán? Que son embarcaciones pequeñas de madera, no yates de Puerto Banús», denuncia Iñaki Mendizábal, a quien su factura le ha subido de 257 a 830 euros por no tener vehículo. Son en muchos casos de «barcos humildes, de 800 y 1.000 euros, cualquiera los puede tener. No somos millonarios, valen menos que un coche».

Ramón Peña, otro de los afectados, ha visto su tasa multiplicada por mucho más. De abonar 371 ha pasado a 1.188. Y todo por no pagar el IBI –vive con sus padres– ni tener coche. «Nos están discriminando», alega furioso. Mantener una embarcación de nueve metros, explica, apenas le cuesta «600 euros cada cinco años. ¿Y te vienen a cobrar más de 1.000 euros por tenerla en un pantalán municipal? No entendemos semejante castigo a alguien que está empadronado», critica.

Peña también reprocha al Consistorio el haber avisado solo tres meses antes, «sin tiempo para echar cuentas, protestar, vender el barco o incluso irme a otro sitio». Un extremo este que indigna a Arriola. «¿Por qué voy a deshacerme de algo que es mío? Mi familia lleva más de 200 años teniendo embarcación aquí. No tengo coche porque no me da la gana. ¿Y ahora, a mis 80 años, voy a tener que comprarme uno solo para que no me cobren más? Con estos cambios han hecho que haya ciudadanos de segunda y de tercera; ahora los que más dinero tienen pagan menos que los pobres», recrimina.

Eugenio Pérez tiene «cuatro IBI pero no coche, y me han subido la tarifa el 100%». Su factura ha crecido de 257 a 540 euros. «¡Esto es un abuso!», critica. Hace tres semanas que puso una reclamación en el Ayuntamiento, pero no ha recibido respuesta. Tampoco la ha obtenido Peña, quien ha elevado su queja a la asociación de consumidores Facua. «Si se puede denunciar, lo haré», amenaza. Y va más allá. «Si esto sigue igual, nos juntaremos para protestar ante el Ayuntamiento», dicen furiosos los usuarios del pantalán.

EH Bildu ya advirtió de la situación en el pleno de octubre, cuando se aprobó el cambio de ordenanza con los votos favorables del equipo de gobierno (PNV) y la abstención de la oposición. «Además de rozar el larguero de la legalidad, no es para nada justo. Un vecino que viva de alquiler y no tenga coche se va a ver penalizado con un recargo que multiplica por seis su actual precio», reiteró su portavoz, Miren Matanzas, la semana pasada. La edil de Hacienda, Sonia López, respondió que «las tasas vigentes se aplican en base a una ordenanza aprobada en pleno, y ningún grupo político ha presentado una propuesta de modificación. Aún así, nos comprometemos a estudiar la situación y valorar si introducimos o no modificaciones que contribuyan a mejorar la norma».