Reclaman a Sopela que deje de cobrar más a los usuarios del polideportivo de otros pueblos
La asociación de consumidores Facua recuerda que la ley establece la igualdad de tasas para todos los abonados a los servicios
La asociación de consumidores Facua Euskadi ha puesto en el punto de mira al Ayuntamiento de Sopela por las diferencias «discriminatorias» en las tarifas del polideportivo municipal. Según la denuncia, los usuarios no empadronados en la localidad pagan hasta el doble que los residentes por los mismos servicios, lo que contraviene la legislación vigente.
Los precios varían «significativamente» en todas las modalidades y grupos de personas. Un socio familiar que no está registrado en el censo local tiene que pagar 50,98 euros, mientras que alguién apuntado, solo 24,84. También se aplica en el coste de la matrícula normal –48,36 euros frente a 29,03–.
El abono individual para un adulto del municipio es 16,85 euros, lo que también es mucho más barato que para alguien que no viva en el pueblo, que es 35,02. La asociación también rechaza que los menores y pensionistas paguen 6,33 euros más en función del padrón.
Es así que, el municipio estaría «vulnerando el derecho fundamental a la igualdad», según advierten portavoces de la asociación. Basan su reclamo en el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales: «la tarifa de cada servicio público será igual para todos los que recibieren las mismas prestaciones y en iguales circunstancias». Además, una reciente sentencia del Tribunal Supremo declara ilegal establecer diferencias en tasas por el uso de instalaciones deportivas solo por su lugar de residencia.
Pese a la petición, es posible que la modificación tarde más de lo esperado. Los usuarios del polideportivo de Sopela sufrieron ya un incremento del 5% en las tarifas este año. El equipo de Gobierno –EH Bildu y Elkarrekin Podemos– justifica esta subida con un contrato firmado en 2021, durante la pasada legislatura –en manos de PNV–, que obliga a actualizar las tasas anualmente. El acuerdo incluye la financiación de tres millones de euros durante los próximos 15 años por parte de la empresa adjudicataria, BPX Sport, para modernizar las instalaciones deportivas, llevando a cabo una serie de trabajos y nuevos equipamientos. Sin embargo las mejoras a la que se había comprometido no se han materializado según lo acordado, reconoce el Consistorio.
Términos legales
El Ejecutivo local es «consciente» de la situación y afirma que se están analizando diversas cuestiones al respecto. «El problema viene de atrás, cuando se hicieron los pliegos para la licitación se pusieron unas tasas que eran diferentes», explican fuentes municipales. Hace tres años, los partidos que forman hoy en día el Gobierno votaron en contra. El acuerdo fue entonces muy controvertido al, entre otras cosas, firmarse por 15 años más cinco prorrogables y solicitar una inversión de 4,3 millones de euros más un canon de otros 1,5 millones.
La alcaldesa Guruzne Carrasson afirmó a principios del año –la subida se aprobó en el pleno municipal del pasado diciembre– que se estaba estudiando el cumplimiento del contrato con la empresa pero que, por motivos legales, era necesario aplicar el alza según el documento. «Sabemos que es un momento delicado, pero por recomendación técnica, lo mejor es seguir cumpliendo los términos acordados», explicó.
