El Gobierno vasco blinda 162 inmuebles en Getxo para impedir su derribo

El volumen de edificios blindados se dispara frente a los doce que estaban catalogados anteriormente como monumentos y recogidos en el planeamiento urbanístico local de hace veinte años, también a petición del Ejecutivo autonómico. Destacaban lugares como la iglesia de Andra Mari, la red de Malakates, el Puerto Viejo, la residencia Bake Eder y la casa de Ramón de la Sota.

Ahora, sin embargo, se da un paso cualitivo y cuantitativo en la protección del patrimonio en un municipio en el que la burguesía y aristocracia vasca han contribuido a que exista un gran número de edificios emblemáticos. En el futuro catálogo se salvaguardarán numerosas casas privadas, pero que son auténticas joyas arquitectónicas. Es el caso del chalé Txoko-Txiki, el palacio Santa Clara, la Villa Hilario, el caserío Murua, la casa Barria, la casa Bidearte y el chalé Negubide, entre otros. También considera el Gobierno vasco que hay que preservar la plaza de las Escuelas de Las Arenas, la ermita de San Ana, y el Hogar Obrero de Romo, por ejemplo, y algunas partes del cementerio como panteones y capillas.

Junto a estas 162 edificaciones que se protegerán con la máxima categoría, recomiendan salvaguardar otros 42 más con una tutela media. Aunque la declaración depende del Gobierno vasco, la Diputación será la encargada de vigilar que no se cometan irregularidades. A este listado se unirán además otros 289 edificios a los que el Ayuntamiento getxotarra salvaguardará con un escudo básico, pero que impedirá las demoliciones, como sí se permite en la actualidad si hay un permiso municipal. En el futuro no habrá ninguna razón que lo justifique.

La cifra supone un 48% más que en el Plan General de Ordenación Urbana de hace dos décadas. La medida conlleva que se protegerá todo el edificio o sus diferentes partes, lo que permitirá a los propietarios llevar a cabo actualizaciones y obras, sin perder la singularidad. Hoy en día los edificios que gozan de custodia municipal se pueden tirar abajo, aunque deben contar con autorización. Según explican portavoces municipales «protegemos, pero no fosilizamos el patrimonio. Va a suponer una evolución y un aumento de nuestra cultura urbanística. Esta protección no va a ser arbitraria, va a ser posibilista y sensible a las nuevas necesidades de la población y huye de visiones anacrónicas y trasnochadas de falsos historicimos que impiden a la ciudad evolucionar y cubrir las necesidades», insisten.

Registro municipal

Los técnicos municipales evaluarán los elementos físicos, bien sueltos o la totalidad como un conjunto monumental para registrarlos en el archivo local. «Si por algo se caracteriza el nuevo PGOU es por su mejora cuantitativa y cualitativa en los bienes de protección municipal», destacan desde el área de Urbanismo de Álvaro González.

Para EH Bildu, el Ejecutivo municipal –en manos del PNV y del PSE– se queda «corto». «El gobierno local actúa con total desidia, cuando el Gobierno vasco propone 499 edificios con protección básica. La lista de inmuebles que se han derribado es demasiado extensa», afirma Mikel Bildosola, que enumera algunos: «Los edificios de la bajada de Arrigunaga, Ollarretxe, Iturribarri... Sin olvidar la Nagusien Etxea de Romo y este verano Irurak Bat».