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La que es la ciudad con los alquileres más altos de Bizkaia y con la renta más elevada del territorio– la novena de España– moverá ficha para movilizar la vivienda vacía. El último censo municipal de 2018 reveló 3.371 viviendas en desuso de las 33.074 construidas en Getxo. Casi un millar estaban listas para salir al mercado. Una encuesta sobre el uso de la vivienda del Gobierno vasco tiene registrados 888 pisos sin ocupar durante los dos últimos años y susceptibles, por tanto, de aplicarles el canón de 10 euros el metro cuadrado.
La radiografía es incompleta. Por eso, el pleno del Ayuntamiento de Getxo aprobó ayer con los votos de todos los partidos políticos, a excepción del PP que se abstuvo, una moción de EH Bildu para que en el plazo máximo de nueve meses se actualice el censo municipal. Los altos precios y la falta de oferta han provocado un éxodo juvenil a pueblos vecinos. El tema de la de vivienda es un problema de primer orden y sale a colación cada cierto tiempo. Lo que no se había conseguido, como sucedió ayer, es que la mayoría de los partidos políticos se pusieran de acuerdo. Fue posible después de que los soberanistas aceptasen las propuestas de PNV y PSE para sumarlas a su moción inicial.
Con la firma, el gobierno local se compromete a iniciar un procedimiento para conocer los motivos que lleva a los getxotarras a echar el cerrojo a sus propiedades. El Ayuntamiento informará a los propietarios de las opciones que tienen a su disposición, tanto desde la institución local como desde otras administraciones como el Gobierno vasco, para sacar sus propiedades al mercado. Se hará un grupo de trabajo en el que estarán todas las siglas representadas y al que se dotará de todos recursos materiales y económicos para poner en marcha el plan.
El concejal de Vivienda y Planeamiento Urbanístico, Álvaro González, explicó que tras la actualización se aplicará la ley de Vivienda de Euskadi. No se aclara la aplicación del canón de vivienda vacía. «Se buscará una aplicación equilibrada y rigurosa, que respete tanto el derecho de la propiedad como su función social y que tenga en cuenta las diversas causas, muchas de ellas involuntarias», comentó el edil. González aseguró que «se partirá del respeto a la complejidad de cada caso y de una voluntad de búsqueda realista de soluciones».
A pesar del acuerdo los soberanistas acusaron al gobierno local de «inmovilismo durante décadas y poner muchas excusas». El PSE, socio del PNV en el gobierno local, compartió que la vivienda «no puede ser un lujo sino un derecho. Hay que actuar más de lo que se viene haciendo». Desde Elkarrekin Podemos, Xabier Benito, reconoció «avances», pero criticó que «los plazos deberían ser más cortos». El popular Gonzalo Zorrilla- Lequerica, aunque reconoció la «problemática», culpó a la ley de Vivienda nacional de «que se haya reducido la oferta más de un 30% y los precios del alquiler hayan crecido más de un 26%».
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