Dos concejales del PNV en Getxo pertenecen a la cooperativa que ha derribado un palacete

Desde el Consistorio han recordado esta mañana que ambos concejales deberán «abstenerse» en cualquier votación relacionada con la investigación que se ha abierto y con el proceso administrativo contra la cooperativa. Los dos concejales no hablarán sobre el asunto que recae en el área de Urbanismo del Ayuntamiento y en Disciplina Urbanística, explican portavoces municipales. La alcaldesa, Amaia Agirre, ha declinado este martes hacer declaración alguna.

Según ha sabido EL CORREO, esta misma mañana el propio edil afectado ha contactado con los partidos de la oposición para comunicarles que era uno de los cooperativistas. Tanto el PP, principal partido de la oposición, como EH Bildu, que denunció la semana pasada el derribo del palacete, se han mostrado cautelosos. Aseguran que solicitarán toda la información en la Comisión que se celebrará la tercera semana del mes. En ese foro preguntarán sobre el conocimiento que tenían de lo sucedido los dos ediles del equipo de gobierno. Desde ambos grupos entienden que no es lo mismo que sean compradores a conocedores de que se iba a derribar el edificio protegido. «Queremos esperar a ver que aclaraciones ofrecen. De momento, nos han comentado que la promotora les informó de que los tabiques estaban en mal estado, pero sería diferente que se demostrase que la cooperativa informó a los compradores de que se iba a tirar el edificio», asegura Eduardo Andrade, del PP.

El portavoz de EH Bildu, Mikel Bildosola, también considera que se deberán aclarar los detalles. «Había una inspección técnica de edificios (ITE) de marzo que ya pedía a la propiedad que se arreglasen ciertas deficiencias. Cuando la cooperativa ha entrado ya sabía que tenía que llevar a cabo medidas correctoras para que el edificio no se cayera. No pueden decir que se les ha caído solo porque, además, en agosto los arquitectos pidieron derribarlo», reprocha. Elkarrekin Podemos también ha señalado que solicitará «explicaciones» en comisión que es «donde procede paara que, tanto la parte técnica como la política aclare lo sucedido en torno al derribo».

La demolición del edificio histórico ha generado una profunda «indignación» entre los residentes de la zona, que alertaron de lo que estaba ocurriendo en el inmueble conocido como Irurak Bat. El área de Urbanismo envió hace unas semanas una notificación a la cooperativa en la que le ordena que restablezca la «legalidad urbanística por incumplir las condiciones de la licencia de obra». La Policía Local inspeccionó el lugar el pasado mes de agosto y comprobó que se estaban iniciando las obras y que se habían ejecutado «trabajos de derribo no autorizados» en el palacete que se debía rehabilitar. Una vez verificado, los servicios municipales firmaron un decreto en el que recordaban a la constructora que «entre las condiciones de licencia y previo al inicio de obra se requerían una serie de condiciones no cumplidas hasta la fecha». En 2022 el Consistorio concedió un permiso para derribar las construcciones auxiliares y rehabilitar y construir 12 viviendas, garajes y trasteros.

Los técnicos municipales solicitaron además, la paralización inmediata de todo el proyecto porque «se han ejecutado trabajos de derribo no autorizados sin la aprobación previa de los técnicos municipales, del preceptivo replanteo y la adopción de las medidas de seguridad y cierre de la parcela». Le dan «un mes» a la constructora para regularizar las obras y advierten, que no es una cuestión baladí, que el edificio derribado se encontraba a «menos de 2 metros de distancia de las edificaciones colindantes» por lo que ahora se deberá «analizar su regularización».

Los vecinos critican que «mientras en Neguri se rehabilitan los edificios antiguos, aquí se derriban». Puntualizan que «no estamos ante una simple demolición sin licencia, lo cual supondría una irregularidad administrativa». «Hay una diferencia sustancial porque se ha tirado un edificio protegido y es un ilícito penal previsto en el artículo 323 del Código Penal y acarrea penas de prisión de seis meses a tres años o multas de doce a veinticuatro meses, al tiempo que pide que se restaure el bien dañado». Requieren al Ayuntamiento que pongan este «hecho en conocimiento de la Fiscalía».