Los cascotes del palacete que salpican Getxo

Inaxio Uriarte, peso pesado en el PNV al ser el portavoz, tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, Tesorería e Intervención, y su pareja, Irantzu Uriarte, concejala de Contratación y presidenta del Aula de Cultura, son dos de los cooperativistas de Ereaga Atalaya, la promotora responsable del derribo. A esta sociedad los arquitectos municipales le solicita que restituya el edificio de estilo neoclásico del siglo XIX. Los técnicos obligan a «respetar las condiciones de la Custodia Municipal», la protección local que pesaba sobre el inmueble. El requerimiento es «imposible» de cumplir para Gonzalo Arroita, experto en Patrimonio y consultor de Naciones Unidas y Cátedra Unesco, y Ander de la Fuente, Doctor Arquitecto y profesor de la UPV/EHU.

La «implicación» de los dos concejales nacionalistas en la cooperativa ha generado la primera crisis del gobierno local con el desmarque público del PSE, que acusó el jueves a su socio en el Ayuntamiento de ocultar datos y «no facilitarles el expediente». Los socialistas exigen «más explicaciones» al PNV para atajar las especulaciones. La oposición va más lejos y requiere que se «judicialice» y se remita la información a la Fiscalía para llegar «hasta el final».

Mientras tanto, las obras permanecen paralizadas desde el 9 de agosto. La empresa tenía de plazo hasta la semana pasada para entregar en el Consistorio la documentación que le permita regularizar la operación urbanística y ahora serán los técnicos los que la analizarán. La Policía Municipal levantó un acta el 2 de agosto en el que constató el «incumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia de obra». Pero además, la empresa no tenía firmada «el acta de replanteo», documento final que da el visto bueno al comienzo del tajo, según se desprende del decreto municipal que detuvo la obra y al que tuvo acceso este periódico.

En octubre de 2022 la Junta de Gobierno Local otorgó a Biurban, que meses después creó la cooperativa y que representa a la sociedad, una licencia para derribar las construcciones auxiliares, rehabilitar y construir 12 viviendas, garajes y trasteros en la calle San Nikolas número 11. Los técnicos municipales obligaron a mantener tres de las cuatro paredes del palacete.

El proyecto presentado en el Consistorio y para el que en enero comenzó a captar socios, suponía la construcción de 12 pisos de lujo, seis de ellos en el palacete y los otros seis en un edificio de estilo moderno y nueva construcción. Según reveló la semana pasada Biurban, los dos concejales nacionalistas se convirtieron en socios el «13 de marzo de 2023». Fueron los «octavos» en hacerlo, apuntaron.

La responsable de Contratación y presidenta del Aula de Cultura sí comunicó en su declaración de bienes al Ayuntamiento que se había convertido en cooperativista, pero su pareja, Inaxio Uriarte, no lo hizo, una cuestión que critican y piden aclarar el resto de partidos políticos.

Apartados del procedimiento

En todo este tiempo, el Ayuntamiento ha mantenido un perfil bajo sobre el caso. A los cuatro días de que este periódico publicase la información, el Consistorio reconoció la implicación de los dos Uriarte, les apartó del procedimiento y les impidió manifestarse al respecto. La alcaldesa, Amaia Agirre, ha preferido no hacer declaraciones. Y no fue hasta una semana después y una vez se elevó la presión por parte de los partidos de la oposición, cuando la institución local comunicó que abría un «expediente sancionador», que puede derivar en multas económicas a la empresa.

Portavoces municipales recordaron que «el Ayuntamiento ha procedido de idéntica manera que lo hace con cualquier otro caso similar de construcción de viviendas», y negaron que los concejales afectados hubieran participado en el «procedimiento administrativo». Mencionaron que se habían desplegado las medidas para «proteger la legalidad urbanística». La institución local confirmó que la actuación no se ajustaba al proyecto y que se derribó «sin previo aviso al Ayuntamiento».

El comunicado, no acordado con los socialistas, generó una respuesta inmediata. El PSE desveló que «cuatro días después» de requerir a su compañero de gobierno el expediente no se lo había entregado y que no se iba a pronunciar hasta conocer la información. Es la condición de Inaxio e Irantzu Uriarte como cooperativistas -una fórmula que no es la de un simple comprador-, la incógnita de si hubo trato de favor a la empresa y si fueron conocedores de que se iba a derribar y no lo detuvieron sabiendo de primera mano la protección. Así lo que quieren aclarar el PSE, pero también el PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Lo preguntarán en la comisión de Territorio que tendrá lugar el jueves.

Los populares, principal partido de la oposición, han solicitado la comparecencia del responsable de la cooperativa, de la constructora y del director de la obra. De no lograrlo exigirán la apertura de una comisión de investigación. También quieren conocer la identidad del resto de cooperativistas «por si hubieran más implicaciones políticas».

La promotora, por su parte, envió un comunicado el mismo día que se pronunció el Ayuntamiento. Afirmó que el «derribo se hizo de urgencia para evitar desgracias personales a trabajadores o vecinos». Aunque reconoció que «no estaba previsto en el proyecto original ni en la licencia municipal, el sentido común y la obligación de evitar desgracias lo hicieron inevitable». Tomaron esta decisión, según explican, después de que se rompiera una «tubería de agua el 15 de mayo que provocó una enorme inundación y desprendimientos».