Acaba tras 40 años la disputa por la titularidad de los dos accesos al Abanico de Plentzia

Un informe técnico elaborado por una ingeniería especializada dictamina que la entrada por Ardantza, conocida como la carretera de la ría – ubicada en el cruce más cercano al núcleo urbano, dirección Mungia–, es responsabilidad del Consistorio. En cambio, la vía Zabalazpi, también conocida como 'Dos Palmeras' –la más cercana al monte–, debe ser gestionada por la urbanización. «Esta vía no reúne los indicios suficientes para ser incluída en los bienes locales ni por su origen ni por sus actos administrativos-urbanísticos», se indica en el documento.

La controversia queda zanjada. Los vecinos alegaban que la carretera ahora declarada privada «da acceso al medio natural, y que no sólo comunica el centro del pueblo con la promoción, sino también es el punto de entrada a otras fincas limítrofes». Incluso, representantes de la asociación vecinal Isuskiza Bizirik Auzo Elkartea mencionaron en 2021 que «había un interés de tildar al barrio de elitista para así justificar ante ciertos sectores la no intervención».

Esta decisión, que ha contado con diversas fases de alegaciones y un exhaustivo análisis, se presenta como un avance clave para resolver las anomalías urbanísticas que afectan a esta zona del municipio. De hecho, la carretera de la ría permaneció cerrada desde 2016 durante cuatro años por «motivos de seguridad» hasta que los residentes acudieron a la Justicia y el Contencioso Administrativo número 4 de Bilbao anuló el decreto de clausura.

El proceso también confirmó en 2023 la necesidad de reparar el acceso ante su avanzado estado de deterioro. Entonces los trabajos quedaron en manos del Ejecutivo local. Pero no se hicieron. Esta situación derivó en un auto judicial reciente que ordena de forma urgente que se lleven a cabo las actuaciones, bajo estrictos plazos. Se conceden tres meses para adjudicar la redacción del proyecto, seis meses para la contratación, y un año más para la ejecución material. Según la última resolución de la Justicia, el vial «requiere reasfaltado completo y asegurar el talud», se detalla en la página web de la urbanización.

En caso de no cumplir con esta orden, las consecuencias legales y económicas recaerían directamente sobre la Alcaldía y una trabajadora municipal. El Gobierno local considera «injusto» que los actuales responsables resulten afectados, ya que la sentencia no fue ejecutada en la legislatura anterior. Pese a eso, se están tomando las medidas necesarias para cumplir con la resolución. «Las obras requieren estudios técnicos complejos y una inversión significativa para el municipio», señalan portavoces del Ayuntamiento.

Esta realidad ha llevado al Ejecutivo de Plentzia a hacer un llamamiento a la Diputación Foral de Bizkaia para que revise el sistema de financiación municipal y preste el apoyo necesario. Actualmente, la localidad recibe 360 euros menos que Bilbao por habitante, una diferencia que el Consistorio considera como «una distribución desigual de los recursos públicos», mencionan. «Este desfase representa una carga adicional para la localidad», lamentan.