Las Juntas de Bizkaia achican su calendario laboral y aprueban por unanimidad que julio sea inhábil

El cambio normativo busca, por ejemplo, agilizar la presentación de iniciativas simplificando los trámites administrativos, acelerar la comparecencia de expertos y los plazos para presentar enmiendas. También se establece como obligatorio que los representantes de la Diputación comparezcan en comisión cuando se estén tramitando proyectos de norma foral, las leyes que dirimen las Juntas Generales, algo que ya hacen ahora motu proprio pese a no ser obligatorio.

Pero hay algo más. La modificación también ha supuesto reescribir el punto 1 del artículo 59 del Reglamento, el referente al periodo de sesiones. La novedad es que el calendario laboral de los apoderados que hasta ahora iba de septiembre a julio se recorta ese último mes. Se declara inhábil, igual que agosto, y por tanto la actividad parlamentaria, que engloba el registro de iniciativas, la convocatoria de plenos y comisiones, quedará zanjada en junio salvo que cuestiones urgentes obliguen a reunir a la Cámara territorial de forma excepcional y puntual durante las siguientes semanas.

Cuestionadas al respecto del cambio, fuentes de varios grupos representados en las Juntas Generales exponen el mismo argumento: «Se ha considerado conveniente acomodar el calendario a los usos de las Cámaras de nuestro entorno estableciendo un periodo de sesiones coincidente con el suyo». La explicación aparece también en el preámbulo de la reforma del Reglamento, que entró en vigor el pasado 7 de abril con su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia.

La equiparación a la baja con el resto de instituciones de la comunidad autónoma es real... a medias. Según la normativa vigente que puede consultarse en los respectivos portales de transparencia, las Juntas Generales de Gipuzkoa alargan su actividad hasta el 2 de julio y las de Álava hasta finales de ese mes. El Parlamento vasco sí que acaba su periodo de sesiones en junio. Paradójicamente, EH Bildu y Podemos -este último ahora no tiene representación en Vitoria- han criticado más de una vez durante los últimos años que la Cámara autonómica baje la persiana en enero y tan pronto en verano.

En el caso de Bizkaia el calendario de sesiones se retoca por segunda vez en apenas una década. El 25 de marzo de 2015, en el último pleno que las Juntas Generales celebraron antes de las elecciones en las que Unai Rementeria se convirtió en diputado general por primera vez, los partidos ya dieron luz verde a un cambio del Reglamento con el que se alargaba la actividad de junio hasta finales de julio. Justo lo contrario que ahora.

Aunque el curso político se cierra habitualmente en Bizkaia con la recepción de San Ignacio, en torno al 31 de julio, un evento al que el diputado general de turno invita a dirigentes políticos y a una representación de las entidades socioeconómicas del territorio, lo cierto es que no es nuevo que, pese a lo que marcaba su calendario de sesiones, las Juntas Generales bajen la velocidad notablemente ese último mes hasta ahora hábil. Por poner un ejemplo, el año pasado no hubo ni una sola comisión o pleno en julio. Solo la Mesa, el órgano de Gobierno de la Cámara, celebró sus encuentros obligatorios. A cambio, en junio se programaron once comisiones y dos plenos, muy por encima de la media habitual que no suele pasar de una comisión semanal.

Cabe recordar en este punto que, a diferencia de lo que ocurre en el Parlamento vasco, los 50 apoderados de las Juntas Generales no están liberados y, por tanto, no se dedican en exclusiva a la labor política. Sí son profesionales del asunto los miembros de la Mesa, con salarios que van de los 110.000 euros de la presidenta a los 91.000 del resto de integrantes, y los portavoces de los grupos, que también perciben 91.000 euros. A partir de ahí los grupos cuentan con la posibilidad de liberar una serie de apoderados, total o parcialmente, en función de su representatividad.

Que haya junteros que compatibilizan su labor profesional con la política es un freno para la labor del Parlamento. Y ahora también lo será el recorte del calendario de sesiones, que va a provocar, por ejemplo, que no haya plenos ordinarios y de control al Gobierno desde finales de junio a finales de octubre porque septiembre se reserva para el debate de política general. La situación hará que desde finales de mayo dejen de registrarse muchas iniciativas «porque pasarían entre cuatro y cinco meses hasta que se debatan en comisión o en pleno, y en ese tiempo pueden quedar solucionadas o su contenido, que en ese momento puede estar de rabiosa actualidad, dejar se serlo», explica el apoderado de un grupo de la oposición.