La investigación judicial avanza a dos velocidades

En los juzgados de Durango se han abierto dos diligencias para investigar las posibles responsabilidades relacionadas con este asunto. La primera tiene que ver con las muertes provocadas por el derrumbe del vertedero y el posible delito contra los derechos de los trabajadores. La segunda se circunscribe a los daños medioambientales causados el 6 de febrero de 2020. La instrucción judicial se abrió solo unos días después del suceso. Sin embargo, el proceso sigue todavía en una «fase muy inicial» en el caso de los daños al medio ambiente, según reconocen medios judiciales. Por el contrario, la investigación sobre los decesos está «mucho más avanzada».

Que se hayan abierto dos causas por los mismos hechos obliga a practicar dos veces las mismas pruebas en determinadas circunstancias, precisan las mismas fuentes. Por ejemplo, el dueño del vertedero, José Ignacio Barinaga, su sobrina, María Arrate B., y el ingeniero jefe de la planta, Juan E., ya declararon como imputados el pasado verano tras ser detenidos por la Ertzaintza. Ahora están citados de nuevo para el próximo mes de junio por la segunda vertiente judicial.

Esta situación se explica en parte por el conflicto de competencias que se planteó entre los juzgados de Durango (el de Instrucción número 1 y el 2) que llevaban las dos denuncias penales presentadas: una por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otra medioambiental. Tras resolverse que fuera el número 1 el que asumiese las dos causas -pero en diligencias separadas-, el plazo de instrucción empezó a correr el 4 de junio.

Hasta el momento, a la causa que investiga las muertes se han aportado algunos informes de la sección de delitos medioambientales de la Ertzaintza y de algunas de lasempresas relacionadas con la gestión de la escombrera. Como ya adelantó EL CORREO, en el sumario consta un informe de la Policía autonómica que aprecia «indicios de criminalidad» en los hechos acontecidos y también considera que se puso en «riesgo grave» el entorno natural y la salud de las personas. En este sentido, los investigadores destacaron que varios estudios ya alertaban desde 2018 de importantes problemas de estabilidad en el vertedero. En estas circunstancias, el pasado verano fueron detenidos y llevados a declarar en calidad de imputados tres altos cargos de la escombrera. Esta intervención provocó roces entre el Departamento de Seguridad y los responsables judiciales sobre quién dio la orden de llevarles detenidos a comisaría, ya que en muchos ámbitos se consideró una medida desproporcionada.

En teoría, el Juzgado durangués tiene hasta junio para finalizar la fase de instrucción. La causa medioambiental, sin embargo, es muy complicada a nivel técnico y, probablemente, la Fiscalía o las acusaciones pidan que se decrete la complejidad de la causa, lo que daría más margen para poder investigar con mayor profundidad. De hecho, el Juzgado ha sido reforzado para agilizar el trabajo que hay por delante. Las partes no descartan que se puedan ampliar las posibles responsabilidades penales a otras personas u organismos diferentes.