Indignación en la flota de Ondarroa por expulsarles de caladeros de Escocia

Las peores previsiones para la flota vasca de altura formada por una veintena de unidades con base en el puerto de Ondarroa se han cumplido. El Gobierno de Escocia ha expulsado de sus aguas a media docena de embarcaciones al activar la entrada en vigor de una veda para un total de 42 áreas marinas –algo más de 32.000 kilómetros cuadrados– situadas entre las 12 y 200 millas de su costa.

Los polígonos que han dibujado para proteger y regenerar los ecosistemas marinos afectan de lleno a caladeros habituales de los pescadores vascos como Rockall, así como a gallegos y de distintos países europeos que contaban con derechos históricos de acceso.

Fuentes del sector estiman que ha obligado a desplazarse a 470 barcos de bandera europea de arrastre de fondo y palangre de fondo. «Golpeará directamente, aunque de distinto modo, a 87 unidades españolas de Gran Sol, a 122 franceses y 120 irlandeses (algunos de capital español), así como a 85 neerlandeses y 55 belgas», han detallado.

A las organizaciones de productores y armadores como la OPPAO de Ondarroa, la medida no les ha gustado ni en la forma ni en el momento, lo que ha suscitado fuertes críticas y una gran indignación.

«Se trata de una decisión unilateral del gobierno escocés que ha incumplido todos los procedimientos establecidos en los acuerdos pesqueros», ha indicado el portavoz y gerente de la flota ondarresa, Mikel Ortiz. «No ha consultado a los estados afectados y no ha tenido en cuenta el impacto social y económico de tal medida», ha añadido.

Desde la OPPAO critican que «se produce en un contexto de constantes restricciones a la pesca, donde parece que lobbies muy poderosos están haciendo valer su capacidad económica», ha manifestado. «Empresas energéticas y de minería buscan implantar más molinos eólicos en el mar y extraer minerales del fondo del océano. Así que, usan la excusa de proteger el fondo marino, e impedir a los pescadores hacer nuestro trabajo», critica.

Para los afectados, «es lamentable porque, no saben ni lo que están protegiendo, pero lo que es seguro, es que los europeos vamos a acceder cada vez a menos pescado de calidad de nuestras aguas, y dependeremos de especies de dudosa credibilidad de Asia», ha asegurado Ortiz. En su opinión, «preservar las esponjas marinas está muy bien, pero ¿quién protege a nuestros pescadores?».

La parlamentaria del Grupo Popular Vasco, Ana Morales, por su parte, ha formulado al Ejecutivo autónomo una batería de preguntas para conocer si se ha llevado a cabo algún estudio del impacto económico, si están previstas medidas compensatorias y en que plazos y condiciones.

Desde la Comisión Europea también han manifestado su «preocupación por la falta de diálogo y coordinación» y solicitará explicaciones formales al Ejecutivo de Edimburgo.

Además, organizaciones como la patronal europea, Europêche, y la asociación Nacional de Armadores de Buques de Pesca de Altura (ANABAC) consideran que este veto podría sentar un peligroso precedente. «La gestión pesquera debe basarse en la ciencia y la cooperación, no en decisiones políticas tomadas de espaldas al sector», advierten.

Para la Confederación Española de Pesca (CEPESCA), «la paradoja es que, en nombre de la sostenibilidad se sacrifique la pesca artesanal y de altura, mientras se impulsan actividades industriales de alto impacto ambiental».

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