La «complejidad» de la obra retrasa más allá de 2026 la nueva sede judicial de Bilbao

La propia memoria justificativa del contrato recoge que el nuevo «plazo aproximado» de construcción será de algo más de dos años y medio por dos razones. Una es la dificultad que entraña materializar la profunda rehabilitación del inmueble, que data de 1976 y que contará con más de 16.000 metros cuadrados útiles distribuidos en una planta baja, ocho alturas, un ático y cuatro sótanos.

Portavoces de la consejería que dirige Nerea Melgosa explican que, en un primer momento, contaban con un diseño básico, pero el proyecto de construcción –la empresa contratada lo entregó el pasado diciembre– determinó que los trabajos «requieren más tiempo» del que se había perfilado en el esbozo inicial.

El Gobierno vasco, que sacó a licitación el lunes el tajo por 17 millones de euros, acometerá «la renovación integral de envolventes» y obras en la «distribución interior de las instalaciones», que albergarán, entre otros servicios, 24 juzgados de lo social y de lo contencioso-administrativo. Pero también se ejecutarán, recoge la memoria, «reformas estructurales».

Esas modificaciones de la estructura están orientadas, por un lado, a nivelar «el forjado de planta baja con la cota de calle» para que estén a la misma altura. Por otro, persiguen incluir «un segundo núcleo de comunicación vertical», una zona con dos ascensores y con escaleras exclusivamente para el personal que se sumarán a los cuatro elevadores actuales, que serán para el público general.

La ubicación del edificio, asomado a la plaza del Ensanche desde el número 28 de la calle Ibáñez de Bilbao, también obligará a tomar una serie de medidas para evitar molestias en el entorno. De hecho, el proyecto de ejecución prevé la «mínima ocupación de vía pública», para lo que utilizarán «como zonas de acopio y depósito de residuos los sótanos», que también sufrirán una importante renovación. Ahora, las plantas bajo rasante tienen capacidad para 195 vehículos. En el futuro, acogerán los archivos, almacenes, salas de videoconferencias..., por lo que las plazas de aparcamiento existentes se reducirán a 61 y se habilitarán más de una treintena para bicicletas.

Pero hablábamos de dos motivos para que el plazo de construcción ascienda a 32 meses, frente a los 24 que se perfilaron en un primer momento. El segundo es el del dinero. La memoria entiende que el «volumen» económico de las obras invita a que se trabaje con más tiempo. Es una cuantía importante para el Gobierno vasco. Los 17 millones que, en principio, costarán las obras se sumarán a los 41 que pagó la Administración autonómica a Mapfre tras cerrar a finales de 2021 la operación de compraventa del edificio.

Y el proceso de contratación también ha comenzado más tarde por la misma razón, la monetaria. La licitación, reconocen en ese sentido los mismos portavoces de la consejería, «se ha retrasado un poco» porque «no todo» el montante «podía entrar en los presupuestos de 2023». Por eso el concurso público no echó a rodar hasta el pasado lunes. El calendario que se manejaba el pasado otoño era que, a estas alturas, el proceso estuviese más adelantado. De momento, las empresas interesadas tienen hasta el 15 de septiembre para presentar sus ofertas y la mesa de contratación terminará de abrir los sobres el 19 de octubre, por lo que los trabajos difícilmente podrán arrancar este año.