El Gobierno vasco exige ahora vigilantes de seguridad a siete grandes discotecas

Según el Departamento de Seguridad, esta medida afectaría a siete discotecas del País Vasco: cuatro vizcaínas (Concept Club, Premier, Sonora y Santana 27), dos alavesas (Glow y Nakala) y una guipuzcoana (Bataplan). Portavoces autorizados de la consejería dirigida por Josu Erkoreka subrayaron ayer que la obligatoriedad de la contratación de seguridad privada se extiende igualmente a establecimientos que, pese a no a contar con aforos tan grandes, acumulan un número «reseñable de incidentes» e incluyen en este apartado a Brutal (antiguo Distrito 9) de Bilbao.

Agentes de la Ertzaintza descubrieron a mediados de mes que la asistencia a la sala superaba en un 20% el aforo -85 clientes más de los 357 permitidos- y que en el interior había tres menores. Aquella redada incluyó el arresto de dos traficantes después de que los propios responsables del club alertaran a la Policía autonómica de que varias personas pretendían acceder al interior portando armas blancas.

El consejero Erkoreka avanzó el pasado martes, a la conclusión de la celebración del Consejo de Gobierno, que se había notificado a los dueños de esta discoteca de Alameda de Recalde la orden de contratar personal especializado tras recordar que la ley faculta a la Ertzaintza la adopción de «resoluciones individualizadas en atención a las circunstancias de seguridad que rodean a cada establecimiento».

La sala Brutal habría acumulado, según el Ejecutivo autonómico, a lo largo de 2022 «ilícitos administrativos y penales en un número suficiente» para justificar tal petición. Sin embargo, responsables de la sala han desmentido tal extremo y han manifestado en todo momento la «voluntariedad» de colaborar con las instituciones que «sean necesarias». Las mismas fuentes tildaron de «populista y electoralista» la medida gubernamental y anunciaron la presentación de un recurso judicial contra la orden de contratar vigilancia privada. «En el registro no encontraron ni una sola arma blanca, porque el peligro está fuera. Los líos se producen siempre en la calle, que es donde debería haber más policías», exigió el propietario, Iván Fernández.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron ayer a este periódico que «siguen adelante» las sanciones administrativas impuestas a «todas» las grandes discotecas que se niegan a acatar el nuevo Reglamento de Desarrollo de la Ley de Espectáculos, que fue modificado hace un año. «Tenemos claro que los locales que cuentan con seguridad profesional registran un menor número de incidentes y se evitan también posibles casos de abuso sexual. Es un paso más en cuanto a las garantías de seguridad», recalcaron. También aseguraron que la Ertzaintza podrá resolver la imposición de un servicio de seguridad privada «atendiendo al riesgo o vulnerabilidad existente».

Esta decisión, sin embargo, ha contrariado a los empresarios del ocio nocturno por entender que se «estigmatiza» de forma injusta al sector. «Las salas de fiestas no somos las responsables de los navajazos. Nos hace mucho daño que se ponga el foco sobre nosotros. ¿Qué culpa tenemos de que roben tantos móviles desde hace años a los chavales?», reprochó Edu, uno de los socios de la sala Santana 27, en Bolueta, con capacidad para 1.500 personas. «Nunca se ha producido un altercado dentro de nuestra sala. Las autoridades deberían darse una vuelta para constatar lo que pasa fuera», abundó tras recordar que cuenta con entre cuatro y diez porteros para solventar cualquier conflicto. «Pero dentro nunca se ha encontrado una navaja», asevera.

Los dueños alegan, además, que la incorporación de vigilantes privados supondría «un sobrecoste» importante. Irantzu Granados, la dueña de la Premier de Zorrozaurre (antigua Mao), recuerda que desde la reapertura de la discoteca, en abril del año pasado, solo han contabilizado «una pelea, y fue en la calle». Alaba, en este sentido, el «dispositivo especial» de la Ertzaintza realizado a principios de este mes con motivo del concierto de Cano, que atrajo a 960 personas. «Cachearon a todo el mundo y no pasó nada. En esta línea hay que trabajar», reclama.

Luis Ángel Rodríguez, titular de Moma, reconoce que el empleo de detectores de metales desde el pasado fin de semana ha servido para que entre «menos gente 'rara'» y evitar problemas «en el interior». Diego Sonora, de la Sonora de Erandio, lamenta la escasa presencia policial «en el exterior» y aplaude el «rigor» del gremio. «Nunca hay conflictos dentro porque sabemos que si se produjesen nos vetarían de inmediato». «Trabajamos así porque lo más importante es la seguridad de nuestros empleados y clientes», apoya Iván Fernández.