La Fiscalía alerta de violaciones en centros de menores y pide que «no sean mixtos»

A lo largo de 2023 se contabilizaron 56 agresiones sexuales cometidas por chavales que no habían cumplido aún los 18 años, un 93% más que las registradas en el ejercicio anterior. A estos delitos habría que sumar otros 24 casos de abusos. Pero además de los delitos, también suben las denuncias por agresiones sexuales en las que está implicado algún menor. En concreto se han incrementado un 40% en apenas doce meses. Los datos los desgranó ayer en el Parlamento vasco la máxima responsable de la Fiscalía en Euskadi. Durante su comparecencia, Adán incidió en las infracciones penales que recoge la recién actualizada memoria de actividad «como ejercicio de transparencia para poder evaluar la criminalidad en Euskadi».

Sobre los menores, la responsable reveló los casos de violencia sexual que se producen en los centros de menores tutelados por las diputaciones vascas. Tal y como recoge la memoria, de las 48 denuncias tramitadas en toda la comunidad, una docena «tienen como partes implicadas jóvenes tutelados» y los hechos, «en más de una ocasión», ocurrieron en el propio centro. La responsable quiso dejar claro que no se trata de «criticar» a las diputaciones, quienes «siempre han denunciado con rapidez y han llevado a la víctima a los programas adecuados de protección», pero sí sugirió «cambiar los modelos» de los centros tutelados para evitar nuevas agresiones.

En su intervención la responsable apuntó que las delegaciones provinciales «mantienen cierto rechazo» en que en este tipo de espacios convivan niños y niñas. «Teniendo en cuenta que la sociedad está muy sexualizada, que los jóvenes tutelados tienen problemas de afectividad, y la explosión hormonal que se produce a determinadas edades, sería interesante cambiar los modelos», recoge el texto oficial.

Según datos oficiales, la Diputación de Bizkaia gestiona unos 58 centros y hogares destinados al servicio de infancia. De los mismos, 16 se reservan para acoger a menores extranjeros no acompañados; otros treinta para la atención de niños que han tenido que sacar de casa por distintas razones (por ejemplo por familias desestructuras, conflictos o agresiones); nueve para chavales problemáticos y otros tres para niños con discapacidad.

¿Y en cuántos de estos centros conviven niños y niñas juntos? La institución foral cifra en 40 los «hogares, centros o recursos» que tiene mixtos. Básicamente son casi todos a excepción de los que están dirigidos a menores extranjeros no acompañados, los cuales no son mixtos puesto que a Bizkaia no ha llegado ninguna niña en estas circunstancias.

Adán reconoció que es «una reflexión» que hacen las delegaciones de los tres territorios históricos tras los «casos observados», pero que todavía así, es una «decisión administrativa». Por consiguiente, acatar la recomendación de la Fiscalía es decisión única y exclusiva de las diputaciones, quienes en caso de aceptarla, se verían obligadas a desembolsar una gran cantidad de dinero público para separar por sexos a los menores que tienen en sus centros. Además de especificar la problemática de las residencias de menores, Adán también detalló que la situación es «parecida» en los colegios. La fiscal superior reconoció que entre «casi la mitad se archivaron porque los autores tenían menos de 14 años».

El papel que juegan las redes sociales en las conductas de los chavales también ocupa un papel trascendental en la memoria de actividad. Adán inicidió en la necesidad de «limitar y controlar» los contenidos que los menores pueden ver en internet para evitar conductas delicitvas.La experta aseguró que las redes sociales han generado un nuevo «autor delictivo» que opera en una «realidad alternativa». Reconoce que hay menores que «desde el anonimato» y protegidos detrás de una pantalla tienen actitudes «de extrema crueldad» contra otros jóvenes e incluso adultos. «Estamos ante leyes que tratan de dar una respuesta preventiva pero que no acaban de dar una respuesta», lanzó solicitando más firmeza.

La propia memoria de actividad, que dedica un capítulo exclusivo a la relación de los menores con las redes sociales, destaca la urgencia de «limitar la edad mínima de acceso». El Ministerio Público advierte de que los menores «acortan la edad de acceso online a pornografía de todo tipo», lo que podría llegar a aumentar en un futuro los «roles negativos estereotipados o la asunción de conductas degradantes». Al mismo tiempo, la Fiscalía denuncia que estos medios online sean una de las vías que utilizan los menores para acosar a otros. De hecho, advierten que, en el entorno escolar, chats grupales creados en la plataforma Instagram que sirven para humillar a alguno de los alumnos.

Las denuncias en el ámbito de las redes sociales van más allá. El Ministerio Público asegura que existe más de una acusación en la que las víctimas envían fotografías y vídeos sin ropa a quien se lo solicita y luego éste, las extorsiona amenazándolas de que el material se va a enviar a terceros.

En este sentido, la fiscal superior del País Vasco afirma en la memoria que cada vez es más común observar a «una población juvenil que se comporta en las redes como si fuese adulta. Una población desinhibida en sus manifestaciones orales, que se maneja bien en la compra y venta de productos en plataformas digitales y que no es consciente de los riesgos de entablar relacioes con desconocidos».