Una familia de Bilbao que huye del 'bullying' contra su hija se refugia en un piso municipal

Pero su historia es cierta, y se fue torciendo. En un principio inició los estudios con razonable normalidad y pensó que la crueldad remitiría. Pero no. «Me insultaban, me llamaban gorda, me decían 'vete para tu puto país, no te queremos aquí'. 'Fea'. 'A ver si adelgazas'. Me empujaban». El acoso le fue minando su autoestima y dejó de sentarse delante en el aula para irse a las filas de atrás. Sola. No participaba en las clases. Las tutoras lo notaron y descubrieron lo que ocurría. Ellas dieron la voz de alarma. Luego llegaron los servicios sociales, un acompañante para ir con ella hasta el colegio, informes psicológicos que alertaban sobre su empeoramiento anímico, alarmas del cardiólogo sobre cómo la angustia estaba minando un corazón que había nacido débil y que ya con seis meses de vida había sido sometido a una operación. Adriana no veía salida. «Tuve ideas muy malas, de hacer algo muy malo porque creía que era la única solución». Dice que no lo soportaba más.

Se pasaba los días en su habitación. La vigilaba de cerca su madre, que también tuvo que aguantar burlas en el barrio por las acosadoras de su hija y, asegura, también por los padres de una de ellas. La situación llegó a ser tan insoportable que, haciendo caso a las recomendaciones de los servicios sociales, toda la familia decidió mudarse. Irse del barrio. Ella, sus tres hermanos pequeños, y sus padres. En principio, no sería difícil porque estaban de alquiler. Sólo querían mudarse a otra zona de Bilbao.

Tampoco fue posible. En esos momentos el padre estaba en paro. Ya se sabe. «Nadie quería alquilar un piso a una familia marroquí en esas circunstancias», se duele Alba Fatuarte, concejala de EH Bildu que supo del caso y comenzó a buscar soluciones en el ámbito municipal. Entraron en juego los departamentos de Acción Social y de Vivienda. Y, aunque costó, se logró dar con una solución: por primera vez se facilitó un alquiler social en Viviendas Municipales a una familia entera que huía de un caso de 'bullying'. Los informes periciales eran contundentes. Que Adriana se alejase de aquella atmósfera envenenada era fundamental para evitar que su estado físico y anímico continuara deteriorándose hasta cotas irreversibles. Su abogada tiene una carpeta verde llena de documentos firmados por psicólogos y trabajadores sociales que dan fe de cómo la situación era insostenible.

Desde el Ayuntamiento tuvieron que hacer equilibrios para poner a su disposición un piso público. Goyo Zurro, concejal de Vivienda, recuerda que en el actual reglamento de Viviendas Municipales no hay una regulación específica para dar respuesta a este tipo de supuestos. «La norma es de 2013, y la realidad está cambiando cada día». ¿Cómo acceder a un piso de alquiler protegido? El Ayuntamiento tiene 4.172, y en estos momentos hay «unos 9.000 demandantes», dice el concejal. Así que la vía habitual, la regular, no es operativa cuando se trata de dar respuesta a necesidades urgentes.

Hay otra opción: los cupos preferentes, en los que se prioriza a ciertos colectivos como víctimas de la violencia machista, mayores, personas discapacitadas... Pero es una lista cerrada de supuestos en la que no cabía el caso de Adriana, es decir, el 'bullying'. Así que la Administración tuvo que ser creativa para dar respuesta a un problema que no encontraba acomodo en la regulación.

¿Cómo? Zurro recuerda que Viviendas Municipales tiene convenios con ciertas ONG (Cruz Roja, Cáritas, Cear...) para poner a su disposición varias decenas de pisos públicos. Así que acordó con una de ellas -Sartu, que lucha contra la exclusión social- que diese cabida a Adriana y su familia. No es una solución quizá muy ortodoxa, pero sí logró responder a una necesidad urgentísima, aunque fuese casi dos años después de que empezase la pesadilla de Adriana en Bilbao.

La mudanza ocurrió a mediados del año pasado, y el caso puso de relieve algo que ocurre a menudo: la realidad pasa por encima de los rígidos corsés legales. Por eso, en pleno proceso de reforma del reglamento de Viviendas Municipales, EH Bildu impulsó, entre otras, una modificación para que estos recursos públicos puedan ser utilizados con más flexibilidad como herramienta para solucionar casos complicados y urgentes en una casuística que siempre es diferente.

«Todos los grupos estamos de acuerdo en adecuar la normativa en este aspecto», concede Zurro. Por eso, el próximo lunes se va a aprobar el nuevo texto del reglamento en el que se da margen para actuar en supuestos extraordinarios. En concreto, para autorizar el acceso a una vivienda municipal cuando se den «situaciones de riesgo para la integridad física o psíquica de la persona que requiera un cambio de domicilio». Puede ser para afectados por 'bullying' o por cualquier otra situación de esas que ponen a la gente al límite.

En el asunto que ha originado todo esto la intervención de los recursos públicos ha sido exitosa. Adriana está contenta. Estudia un módulo de Farmacia y vive tranquila con su familia. Si ha querido recordar todo aquello -con mucho más detalle del que cabe en dos páginas- es porque cree que tiene que hacerlo. «Si hubiese hablado antes es posible que también se hubiese solucionado antes todo esto. Es algo que debe saber quien esté en una situación como la que yo sufrí».