Euskadi retiró la RGI a 1.261 perceptores tras investigar su lugar de residencia

De acuerdo a los datos, en algo más de dos años, el Servicio Vasco de Empleo ha realizado 2.397 visitas y ha procedido a la suspensión y extinción de la prestación al 52,6% de los titulares inspeccionados. La mayoría de esas retiradas, el 84%, corresponden a personas residentes en Bizkaia, frente a un 8,1% de guipuzcoanos y un 7,5% de alaveses.

La gran diferencia territorial responde a que el grueso de las visitas a domicilio se han desarrollado en Bizkaia. En esta provincia se han llevado a cabo 1.958 comprobaciones, el 81,7%. Aunque sea la región con más perceptores de RGI, el peso entre los beneficiarios de esta ayuda está muy por debajo de la proporción de inspecciones. Y es que los titulares de la RGI residentes en algún municipio vizcaíno suponen el 58,6% del total, 34.496 de 58.897.

Llama la atención que solo en Bilbao se han realizado 413 visitas, más que en toda Álava (228) y en toda Gipuzkoa (212). Según los datos remitidos al Parlamento vasco por el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres a petición de Vox, el municipio en el que más irregularidades se han detectado es Barakaldo, con 305 de las 1.091 correspondientes a Bizkaia. En la capital, se han confirmado 150 situaciones fraudulentas, por las 96 de Basauri y las 62 de Erandio. La mayoría de los padrones irregulares, 708, corresponden a personas de nacionalidad española frente a los 581 de personas de origen extranjero.

El de las inspecciones a viviendas es uno de los caballos de batalla entre las entidades del tercer sector y Lanbide. Las organizaciones sociales censuran que la asistencia de la Policía autónoma a los hogares de los perceptores «transgrede, en la mayoría de los casos, la normativa legal destinada a garantizar, como derecho constitucional, la inviolabilidad domiciliaria». De hecho, el Ararteko afeó que «negar el acceso» a la vivienda a los agentes «sea motivo para retirar la RGI».

El Servicio Vasco de Empleo, por su parte, defiende la necesidad de estas comprobaciones. «Es algo contemplado en ley, y se hace con todas las garantías. En estos momentos solo tenemos un procedimiento en el que se recomienda una visita domiciliaria. No es para nada una práctica numerosísima y se hace solamente en situaciones excepcionales», sostenía hace unos meses el viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui, en una entrevista con este periódico.

En el reglamento que entró en vigor el pasado año para desarrollar algunos aspectos de la Renta de Garantía de Ingresos se incluía en ese sentido la obligación de que los solicitantes, además de estar empadronados, presentaran un «título válido en derecho», esto es un contrato de alquiler o ser propietario de la vivienda en la que residen. El Tribunal Superior de Justicia tumbó ese artículo, tras una demanda de varias asociaciones, y, desde hace unos meses, es suficiente con el padrón, aunque el Gobierno vasco tiene intención de impulsar una modificación legal para recuperar ese requisito.