Se elevan a doce las denuncias contra la libertad sexual en el campamento de Bernedo

Salvo la primera denuncia, que se presentó a finales de agosto por una supuesta agresión sexual, el resto están siendo investigadas por presuntos delitos contra la libertad sexual, exhibicionismo y coacciones, y han ido interponiéndose después de que este periódico desvelara hace justo una semana la existencia de una serie de cartas en las que varias niñas de entre 13 y 15 años explicaban a sus padres y madres situaciones muy incómodas que habían vivido en el campamento.

Las menores relataban, por ejemplo, que habían sido obligadas a bañarse en duchas mixtas por las que también pasaban adultos y que algunos monitores se paseaban desnudos por el recinto del campamento. En una de las misivas se cuenta incluso cómo una niña fue instada a «chupar el dedo del pie» a un cuidador para recibir la merienda. Los testimonios que se incluyen en las nuevas denuncias presentadas ayer no distan mucho de los que se habían aportado anteriormente. Entre otras cuestiones se detallan dos casos de exhibicionismo y que a la niña los monitores le impidieron entrar a las duchas con el bikini puesto. La asociación Sarrea emitió un comunicado la semana pasada en el que defiende que el objetivo de sus colonias es «normalizar todos los cuerpos».

El 'caso Bernedo' ha ido elevando su gravedad hasta generar un formidable terremoto social, político y judicial durante los últimos días. A las primeras cartas se sumaron después nuevos testimonios. Entre ellos, una familia vizcaína desveló que presentó una queja en 2019 a la que no habían dado trascendencia ni la Diputación ni el Ararteko. La Ertzaintza acabó emitiendo un comunicado el pasado lunes en el que confirmaba la existencia de cuatro denuncias y reconocía que tenía abierta una investigación en torno al udaleku desde enero. El desencadenante de las primeras pesquisas policiales fue el testimonio de dos educadoras sociales de la Diputación de Gipuzkoa que se personaron en la comisaría de Zarautz para poner en conocimiento de los agentes lo que les habían contado varias menores tuteladas tras pasar por las colonias el verano anterior.

El expediente de la Ertzaintza llegó en primavera a un juzgado de Vitoria, donde ha permanecido paralizado hasta hace unos días, cuando el escándalo era ya mayúsculo. La fiscal general vasca, Carmen Adán, se quejó el lunes de que se había enterado por los medios del caso, y ayer el que alzó la voz por el mal hacer de sus colegas fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. «Me hubiera gustado una respuesta más rápida en el inicio del proceso», lamentó Iñaki Subijana.

Mientras el Juzgado número 3 de Vitoria se pone las pilas –ha citado a declarar a tres menores– y se van acumulando las denuncias, el 'caso Bernedo' ha servido también para evidenciar que ninguna administración ha estado controlando lo que pasaba en el udaleku alavés ni en ningún otro campamento de titularidad privada de Euskadi. Se acercan al centenar cada año y en ellos participan casi un millar de menores. La normativa que los regula fue redactada en 1985 y no fija responsabilidades concretas. Hasta ahora los ayuntamientos se encargaban de dar el visto bueno a las instalaciones y las diputaciones se daban por enteradas de los udalekus mediante una comunicación de la empresa correspondiente. Pero lo que ocurría en las colonias quedaba en un limbo.

Tras unos primeros días en el que las administraciones se han ido pasando la responsabilidad argumentando que no tienen competencias para el control de las colonias, la gravedad de los hechos que se están investigando en Bernedo ha obligado al Gobierno vasco y a las diputaciones a cambiar el discurso. Primero fueron responsables forales de Bizkaia y Gipuzkoa –que se va a personar en el caso como acusación particular por estar afectadas dos menores tuteladas– y después el consejero de Seguridad los que han reclamado que se revise y actualice la normativa para garantizar la protección de los niños y niñas que asisten a las colonias privadas. El Consejo de la Juventud de Euskadi emitió ayer un comunicado en el que señala a las diputaciones y les exige que «asuman su responsabilidad».