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La Ertzaintza ya cuenta con casi 900 cámaras personales, las bodycams, con las que registrar sus actuaciones. Los aparatos se instalan en los uniformes de los agentes, que los activan en situaciones delicadas. El objetivo es aportar seguridad jurídica. Hay que tener en cuenta que en los últimos años se han producido algunos conflictos en torno a ciertos operativos en los que los policías tuvieron que hacer uso de la fuerza. Contar con imágenes de esas situaciones ayudará a determinar si realmente ha habido excesos, si han mediado provocaciones, o si se trata de reacciones proporcionales.
La dotación de esta tecnología se enmarca dentro del proyecto 3I-Ikusle, cuyo objetivo final es que la Ertzaintza cuente con 1.387 sistemas de grabación móvil o bodycams. El plan piloto tuvo lugar entre 2021 y comienzos de 2022 en las comisarías de Bilbao, Irun y Vitoria. Ahí se analizó el modo de usar de este tipo de sistemas en las unidades de Protección Ciudadana y, a continuación, se llevó a cabo la compra de los dispositivos. A a finales de 2024, según ha explicado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, se inició el despliegue de las cámaras. Antes, todos los agentesque fuesen a utilizarlas recibieron una formación tanto para su uso como para el tratamiento de las grabaciones.
El objetivo de contar con estos dispositivos es aportar «seguridad jurídica y elementos probatorios a la autoridad judicial ante la comisión de un ilícito penal y garantizar la transparencia de sus actuaciones». Desde el Ejecutuvo vasco se añade que «el uso de los sistemas individuales de grabación aporta transparencia a las actuaciones policiales, tanto desde el punto de vista de la ciudadanía como desde el punto de vista operativo».
La comisaría de Sestao fue la primera en recibir y hacer uso de las cámaras individuales. A continuación llegaron a Vitoria e Irun. Este primer despliegue se realizó entre octubre y noviembre de 2024. Entre finales de 2024 y marzo de 2025 se ha realizando un despliegue escalonado en el resto de unidades hasta que hoy en día cuentan con cámaras los agentes de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Sestao, Irún, Ondarroa, Durango, Llodio, Urola Kosta y Oria. También las tienen los agentes de la Brigada Móvil. Y el despliegue continuará con el resto de comisarías, así como en las Unidades Territoriales de Tráfico de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa. En total, hoy la Ertzaintza cuenta con 877 sistemas de grabación individuales. Las próximas semanas, cuando termine el despliegue, serán 1.387.
¿Cómo se usan estas cámaras? Al inicio de cada turno, a cada ertzaina se le asignará una cámara personal. Las bodycam se colocan en la parte frontal del uniforme y han de estar en disposición de ser activadas con celeridad. Serán los propios agentes quienes activen la grabación tras valorar las circunstancias en las que se está llevando cada actuación o incidente. Se deberán activar, por ejemplo, «cuando existan infracciones penales, infracciones administrativas que tengan una afectación grave de la seguridad ciudadana, riesgo para la vida o la integridad física, amenazas o posibilidad de agresión, detenciones con actitudes de enfrentamiento, acciones tumultuarias, indicios de violencia o intimidación, o cualquiera otra situación que evidencie un peligro concreto para la seguridad ciudadana». Además, «cuando la actuación policial lo permita las y los ertzainas indicarán a la persona con la que interactúan que la actuación policial va a ser grabada».
Las grabaciones que contengan hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones penales se pondrán a disposición judicial y si son infracciones administrativas relacionadas con la protección ciudadana, se remitirán a la Secretaría General de la Ertzaintza para el inicio del oportuno procedimiento sancionador, adjuntadas al informe de denuncia correspondiente. Las grabaciones relacionadas con infracciones penales o administrativas graves o muy graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto, no se destruirán hasta que así lo determinen los órganos competentes. El resto de grabaciones serán destruidas en el plazo máximo de tres meses.
La autonomía de las cámaras es de 12 horas y la equipación incluye accesorios de sujeción para la uniformidad de las y los agentes, dispositivo de descarga automatizada de imágenes y de carga de baterías en las comisarías, una plataforma de gestión de vídeo y las licencias software para poder almacenar y tratar las imágenes con todo el rigor y la máxima seguridad. La inversión realizada por el departamento de Seguridad ha sido de dos millones de euros.
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