El «incremento» en la llegada de menas a Bizkaia obliga a la Diputación a abrir nuevos centros

Durante su comparecencia habitual de cada jueves tras el Consejo de Gobierno Arrizabalaga no ha ofrecido datos sobre el número de menas que tutela actualmente el Departamento de Acción Social, pero ha apelado a la «solidaridad» de la ciudadanía vizcaína y ha recordado que en lo que se refiere a menores sin referentes familiares la Diputación no puede hacer más que lo que hace. «La protección es una obligación, no una opción», ha dicho.

La situación no es exclusiva del territorio. 2023 marcó un récord absoluto en la llegada de cayucos a Canarias, vía prioritaria ahora mismo de conexión desde las costas africanas. Y en el inicio de 2024 no parece que la situación haya cambiado. Al contrario. El Gobierno central informó hace poco de que solo en enero han desembarcado en las islas tantos inmigrantes en pateras como durante el primer semestre del año pasado -8.067-. El alto cupo de menores es repartido entre las diferentes comunidades autónomas. A eso se suma los que lleguen por sus propios medios a Bizkaia y sean identificados por las fuerzas de seguridad, lo que conlleva su ingreso automático en el centro de primera atención de Amorebieta. De ahí son derivados después a otros en el que haya plazas.

Según el último recuento publicado por la Diputación, a finales del pasado mes de septiembre tenía tutelados a 310 menas. La cifra ya era superior a la capacidad de los trece centros de acogida que permanecían abiertos -287 plazas- y obligó a adoptar las primeras medidas. A las pocas semanas abrió sus puertas una nueva residencia en una antigua residencia para pescadores en Ondarroa a la que se trasladó a una docena de chavales desde Amorebieta. El centro zornotzarra, reabierto hace unos meses tras unas profundas obras de rehabilitación, llegó a tener durmiendo en sus instalaciones a 60 menores durante el final del verano cuando el límite deberían ser 34.

El pasado noviembre, coincidiendo con la puesta en funcionamiento del centro de Ondarroa, la portavoz foral ya advirtió de que la llegada de menores estaba «en ascenso» y reivindicó la capacidad de la institución para reordenar sus recursos de acogida con «la prioridad del bienestar» de los chavales. Arrizabalaga ha vuelto a pronunciarse hoy en unos términos muy similares, y ha asegurado que Acción Social mantiene un contacto fluido con el Ayuntamiento de Sopuerta. La residencia número quince de la red empezará a funcionar allí en marzo, según trasladaron responsables de la Diputación al Consistorio y a la Mancomunidad de Las Encartaciones días atrás.

La noticia, difundida por el Ayuntamiento a través de las redes sociales, está generando una importante controversia. Los vecinos se concentran hoy por tercera vez en menos de una semana para denunciar que «puede verse comprometida la seguridad y convivencia» en la localidad. En el recurdo los centros de Carranza y Arcentales, «ambos cerrados después de numerosos conflictos: amotinamientos, centros quemados, robos, agresiones a personas del municipio».

Pese al repunte de los últimos meses, la situación parece estar bastante más contenida que en 2019 y 2020. La llegada masiva de inmigrantes registrada en la prepandemia disparó a cifras récord el número de menores no acompañados. La Diputación llegó a tener funcionando 19 centros y pisos. Existe una red fija de inmuebles a los que se suman o restan otros en función de las necesidades. Uno de esos inmuebles de «emergencia» funcionó durante años en Artxanda, en el término municipal de Galdakao, pero paradíjicamente fue cerrado el pasado septiembre, con el desembarco de chavales al alza, por sus malas condiciones de habitabilidad.

En las inmediaciones de Artxanda precisamente, en Monte Avril, ha adquirido recientemente el Gobierno foral a la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús un inmueble para transformarlo en un «centro residencial». Será gestionado por el Departamento de Acción Social y se integrará en la red foral de equipamientos que permiten «la atención y cuidados de las personas del territorio», según explicaron portavoces del Gobierno vizcaíno sin precisar el uso concreto que se le va a dar. La finca lleva 57 años acogiendo a personas enfermas y sin recursos, a los que han venido atendiendo principalmente religiosas y voluntarios, y ha costado un millón de euros.