Madrid y Vitoria pleitean por la conversión de miles de interinos vascos en funcionarios
El Gobierno central alerta de que el procedimiento especial de acceso recogido en la Ley de Empleo Público vasca vulnera los principios de igualdad y mérito
José Luis Galende
Jueves, 14 de abril 2016, 21:24
Miles de trabajadores interinos de las administraciones vascas podrían ver recortadas las ventajas que contempla la futura Ley de Empleo Público para acceder al funcionariado ... en las convocatorias de empleo (OPE), al rechazar el Gobierno central el procedimiento que prevé el proyecto de ley, actualmente en periodo de presentación de enmiendas en el Parlamento de Vitoria. Así se desprende de dos minuciosos informes remitidos al Ejecutivo autónomo por los ministerios de Hacienda y de Empleo, en los que se advierte de que el contenido de la norma es contrario a la legislación básica, entre otras cosas por vulnerar los principios de igualdad, mérito y capacidad de acceso a la función pública.
El proyecto de Ley de Empleo Público, aprobado por el Gabinete de Urkullu el pasado diciembre, contempla la aplicación por las instituciones vascas de «procesos especiales» con el fin de afianzar «el empleo temporal de naturaleza estructural», que en algunas instituciones es especialmente elevado, como en el propio Gobierno vasco, donde el 35% de los casi 5.600 trabajadores se encuentra en esta situación. Se trata, con esta iniciativa, según señaló en su día el consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka, de reducir la elevada interinidad «sin descapitalizar el conocimiento y las destrezas adquiridas durante años de trabajo».
Para ello, el proyecto de ley contempla dos vías. Por un lado, conceder a los interinos una «valoración específica, diferenciada y complementaria» en las oposiciones; y, por otro, la convocatoria de «turnos diferenciados de acceso» -OPEs específicas-, para dar estabilidad a estos trabajadores. Los beneficiarios deben tener más de 8 años de antigüedad. A este colectivo, según la iniciativa legislativa, se podrá reservar hasta el 60% del todas las plazas de cada proceso de selección, y consistirá en «una sola prueba práctica relacionada con los procedimientos, tareas y funciones habituales».
Aunque según la futura norma el procedimiento puede ser aplicado en todas las administraciones, fuentes de UGT precisaron ayer que el organismo más afectado sería el propio Gobierno vasco, donde cerca de 2.000 trabajadores podrían optar a las ventajas ahora puestas en solfa.
Incentivos para 916 contratos de relevo este año en Euskadi
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El consejero de Empleo y Asuntos Sociales, Ángel Toña, presentó ayer un plan de ayudas para estimular la contratación de 3.000 jóvenes, que contará con una dotación conjunta de 13 millones de euros. La iniciativa más novedosa en esta propuesta es la aportación de 5,5 millones para la incentivación del contrato de relevo, con el que espera favorecer la ocupación de 916 jóvenes menores de 30 años.
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Con la aprobación de la ayuda para este proyecto, el Ejecutivo vasco cumple con el acuerdo alcanzado en la Mesa de Diálogo Social hace más de un año. El retraso de esta partida había llevado a CC OO a anunciar el abandono de ese foro de diálogo, en el que también lleva retraso un plan de acción para el sector de la construcción, que aún no ha sido ultimado porque debe ser modificado por problemas de Competencia.
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Para acogerse a las subvenciones del contrato de relevo, de 6.000 euros por cada uno, las empresas deberán contratar a un desempleado para sustituir a un jubilado parcial, aunque se admiten otras fórmulas concretas con similar resultado.
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Por otro lado, el Ejecutivo vasco aprobó también el pasado martes una dotación de 7,5 millones de euros para el programa Lehen Aukera, que va por su tercer año y que tiene por fin favorecer la incorporación de jóvenes al mercado laboral por medio de contratos de prácticas o indefinidos. Con el mismo espera financiar 1.900 empleos, cuyos beneficiarios deberán percibir salarios mínimos, en función de su titulación, de entre 11.200 y 18.000 euros al año. Las subvenciones del Ejecutivo van desde 2.800 euros para un contrato de prácticas de un titulado de grado medio de FP, a los 7.600 de uno indefinido de un titulado superior.
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Por último, el consejero anunció otros 2,2 millones de euros para apoyar la excedencia o reducción de jornada de trabajadores para el cuidado de hijos o familiares en situación de dependencia, que se suman a los 32,57 millones de tres líneas de ayudas aprobadas en enero.
Hay, además, otra discrepancia. En este caso, relacionada con la fórmula prevista de acceso al funcionariado en cuanto al acatamiento del «ordenamiento jurídico», porque en opinión del Gobierno central se debe mencionar expresamente la Constitución y el Estatuto de la comunidad autónoma.
La iniciativa de los ministerios que dirigen Cristóbal Montoro y Fátima Báñez ha merecido la airada respuesta del Gobierno vasco, que la enmarca en una «traca final centralizadora» de la Administración de Mariano Rajoy, que a su juicio se ha dejado sentir sobre otras leyes vascas en el curso de las últimas semanas.
Margen legal suficiente
El Ejecutivo de Urkullu, que considera que sí hay margen legal para aplicar la fórmula en litigio, advierte de que este proyecto ya no está en sus manos, sino en las del Parlamento vasco; y ve por ello la remisión de los informes como un intento de presionar a la Cámara, lo que en su opinión supone una «falta de respeto».
No obstante, toda esta polémica podría quedarse en agua de borrajas, ya que depende de dos factores. Por un lado, de que la ley salga adelante en la presente legislatura, circunstancia sobre la que fuentes de la propia Cámara vasca son bastante escépticas, incluso en el caso de que no se adelanten las elecciones autonómicas previstas para otoño. Dado que el plazo de enmiendas finaliza el 5 de mayo y que puede ser prorrogado, como sucede de forma habitual, y que hay otra serie de pasos que dar antes de la aprobación de la norma, las fechas serán, en cualquier caso, «muy apuradas», apuntan.
Por otro lado, la posibilidad de que el actual Gobierno central del PP repita en la nueva legislatura son limitadas y las cosas podrían ser muy diferentes en el futuro. De todas formas, las sugerencias llegadas desde Madrid adelantan un posible recurso de inconstitucionalidad contra la Ley vasca de Empleo Público si no incorpora los cambios sugeridos.
Además del Gobierno de Vitoria, ELA y UGT expresaron ayer sus críticas a lo que ven como una injerencia de Madrid. El sindicato nacionalista considera que el informe de los dos ministerios «empeora, más aún, el texto del Ejecutivo vasco respecto a la precariedad y la temporalidad en las administraciones», y lo condenó como «una muestra más de su agenda involutiva». La ugetista Arantza Agote considera que este tipo de problemas debe ser resuelto por cada comunidad y negociado entre los ejecutivos y los sindicatos.
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