Una jueza en prácticas lidiará con más de 100 demandas semanales contra la banca

Mientras los despachos de abogados perfilan sus estrategias para recuperar el dinero del Popular, a los jueces de apoyo vascos está llegando ya el temido aluvión de demandas contra las cláusulas suelo, los gastos de las hipotecas y otros casos como el índice IRPH. El pistoletazo de salida se dio el pasado 1 de junio y desde entonces han entrado 199 denuncias, el 68% en Bilbao (135 en concreto), algo que puede deberse a que en San Sebastián y Vitoria no se concentrarán las competencias en un único órgano provincial hasta el 1 de julio. «Como se mantenga este ritmo, sólo aquí vamos a llegar a los 4.500 en el año. Confirma nuestras sospechas de que se van a alcanzar cifras récord», advierte preocupado Aner Uriarte, juez decano de la capital vizcaína.

La avalancha estaba prevista después del escaso éxito de la solución extrajudicial habilitada por el Gobierno el 23 de febrero para dar respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 2016, que establecía que los bancos debían devolver todo el dinero cobrado de más en las cláusulas suelo y no sólo desde 2013 como decía el Supremo. Por esta vía no se han resuelto ni el 20% de los casos. «Las entidades han sido muy cicateras. Los acuerdos han sido la excepción», explica Iñaki Velasco, responsable jurídico de la asociación EKA/ACUV. Ante las reclamaciones masivas, el Consejo General del Poder Judicial decidió especializar 54 juzgados en toda España.

El elegido en Bilbao fue el de Primera Instancia número 11, cuya titular es Mari Cruz Aparicio, una profesional «muy competente y rápida», según fuentes del sector. Pero ella sólo tutoriza. Al cargo está Laura Marín, una joven jueza de la Universidad de Zaragoza que hace poco sacó las oposiciones y ha estado haciendo un año de prácticas en juzgados de la capital vizcaína. Apenas hay datos de ella, ya que trata de evitar la exposición mediática para centrarse en la tarea, que no es poca. Pese a que se le considera muy bien formada, hay temor a que se forme un cuello de botella si la entrada de casos sigue a este ritmo. «Aparte, en enero de 2018 se puede marchar», apunta Uriarte.

No obstante, también se valora positivamente la especialización porque así habrá un único criterio. Además, todos los recursos sobre cláusulas abusivas en las hipotecas irán a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, a la que en marzo se incorporó, procedente de la Audiencia de Álava, el magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, con posiciones muy claras en estos asuntos y poco dado a complacer a la banca. La batalla es compleja y hay muchos puntos de conflicto.

La mayor parte de las demandas, dos tercios más o menos, tienen relación con los gastos de las hipotecas, según afirman los principales despachos especializados en abusos bancarios. Aunque fue en diciembre de 2015 cuando el Supremo abrió esta vía, al sentenciar que las tarifas de notario, registro e incluso los impuestos no deben recaer únicamente en el prestatario, ha sido ahora cuando ha llegado la masa de reclamaciones.

Es un negocio muy goloso para los despachos de abogados. El cliente puede recuperar una cantidad que oscila entre los 1.500-2.000 euros, más moderada que en el resto de España porque en Euskadi la mayoría de operaciones están exentas del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Pero los bufetes pueden obtener unos 2.400 euros en costas porque se plantean juicios ordinarios de cuantía indeterminada. «Aunque hay pronunciamientos diversos sobre las costas. Estamos esperando a que se defina la Audiencia», apunta la abogada Nahikari Larrea, de Arriaga Asociados.

Arriaga fue de los primeros en lanzar ofertas combinadas para reclamaciones de cláusulas suelo y gastos, con un coste muy limitado para los clientes hasta en el peor de los desenlaces. «Estamos metiendo unas 500 demandas al mes en Euskadi desde diciembre», señala Larrea. El grado de éxito en las cláusulas suelo es elevado y eso que tienen su complejidad. En muchos casos los clientes firmaron en 2014 y 2015 renuncias a demandar tras aceptar soluciones parciales. «Los bancos están empleando todo tipo de estrategias para desmovilizar a los afectados. Sólo responden cuando ven que lo tienen perdido», apunta José Montero, de Montero Rocha y Asociados, que está concentrando también muchas demandas por el IRPH. Enfrente tienen, defendiendo a los bancos, a los grandes despachos de abogados como Cuatrecasas o Barrilero. La batalla va a ser muy reñida. Todo un reto para una jueza en prácticas.