La acusación popular pide cárcel para Mario Fernández, Cabieces y el abogado Alcorta

La acusación popular en el caso Kutxabank, ejercida por sindicatos y organizaciones sociales, va a solicitar penas de cárcel de entre dos y tres años para los implicados en este procedimiento, el expresidente de Kutxabank Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno Mikel Cabieces y el abogado laboralista Rafael Alcorta.

Los tres han sido imputados por la Audiencia de Bizkaia por la supuesta contratación irregular en 2012 en el banco vasco presidido entonces por Mario Fernández del político socialista cuando abandonó la delegación del Gobierno en el País Vasco, al ganar el Gobierno de España el PP.

Los integrantes de la acusación popular han dado a conocer hoy en conferencia de prensa su escrito de calificación de los hechos, remitido ya al Juzgado que instruye la causa, por el que les imputa a los tres implicados sendos delitos de administración desleal, apropiación indebida continuada y falsificación de documentos.

La acusación particular, dirigida por la abogada de la izquierda abertzale y parlamentaria vasca de EH Bildu Jone Goirizelaia, presente también en la conferencia de prensa, considera que se contrató a Cabieces por el único mérito de haber sido delegado del Gobierno, y que por ello recibió una retribución de casi 244.000 euros hasta octubre de 2014.

Apunta que la decisión de pagar esta retribución al exdelegado del Gobierno se vehiculó a través del despacho de abogados que dirige el letrado laboralista Rafael Alcorta y que el único responsable de tal decisión fue Mario Fernández, quien la adoptó «de forma unilateral y sin control alguno de los órganos de Gobierno de Kutxabank». El escrito aprecia en el expresidente de Kutxabank la atenuante de reparación del daño causado, al haber reintegrado al banco, cuando se conoció el caso, los 240.000 euros percibidos por Cabieces.

Por este motivo, ha explicado Jone Goirizelaia, la acusación popular le pide una pena de dos años y tres meses de prisión, inferior en un año a la de los otros dos acusados, para quienes se solicitan 3 años y 6 meses de cárcel. La Fiscalía de la Audiencia de Bizkaia, por su parte, ha solicitado penas de dos años si el tribunal considera los hechos como «administración desleal» o, alternativamente, de tres años de reclusión, si se aprecia «apropiación indebida».

Goirizelaia ha explicado que, una vez entregadas al juez las calificaciones de las acusaciones (Fiscalía y popular), el magistrado dará traslado de las mismas a las defensas de los tres implicados para que realicen las suyas. Cuando se haya completado este proceso, se dará traslado de todo lo actuado a la Audiencia de Bizkaia, que deberá ser la que fije la fecha del juicio y lleve a cabo la vista oral de este caso que fue destapado por el actual presidente de Kutxabanak, Gregorio Villalabeitia, a su llegada a la presidencia del banco tras la salida de Fernández. Por este motivo, Goirizelaia considera que la celebración del juicio aún tardará en producirse.

Los integrantes de la acusación popular consideran que aunque los imputados son los presuntos autores materiales de los hechos instruidos es «más que evidente la responsabilidad política por parte de los partidos que han realizado la liquidación de las Cajas vascas, PNV, PP y PSE, a la hora de pactar la compra de voluntades y tratos de favor como el que nos ocupa». Así, exigen que «quienes tomaron y pactaron la decisión política asuman sus responsabilidades, reconozcan que han sido parte imprescindible para la comisión de los delitos que se imputan a Mario Fernández, Rafael Alcorta y el Mikel Cabieces y asuman las consecuencias».