La ineludible reforma de las pensiones

El déficit creciente de la Seguridad Social, que ya se situó el año pasado en 16.700 millones de euros, aboca a una reforma urgente, y quién sabe si a nuevos ajustes en las prestaciones. Y es que al Fondo de Reserva, que en los últimos años ha permitido ajustar las cuentas, sólo le queda dinero para año y medio.

La sucesión de hechos que ha llevado a esta situación tiene fácil explicación y complicada solución. La devaluación interna -reducción de salarios para elevar las exportaciones-, abordada como estrategia estrella por Mariano Rajoy, ha encontrado uno de sus inconvenientes en la casi congelación de los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social, sustento de las pensiones, pese al fuerte crecimiento del empleo.

Una de las causas de esta situación se encuentra en el hecho de que esta crisis ha ensanchado la grieta de los trabajadores que más ganan respecto a los que menos, lo que ha supuesto que las subidas salariales del colectivo mejor retribuido no hayan incidido en los ingresos de la Seguridad Social, ya que el tope de cotización -43.704 euros al año-, las ha convertido en neutras para los ingresos del sistema.

La situación creada alcanza elevados niveles de alarma ante los desequilibrios surgidos en las grandes cifras del sistema: gasto en pensiones que sube en la actualidad a un ritmo anual cercano al 3%; recaudación por cotizaciones que desde 2008 sólo se ha incrementado en total el 2,2%, hasta los 99.137 millones; una cifra de pensiones que ha crecido el 11% en el mismo periodo, y un gasto total en prestaciones contributivas que se ha disparado el 24,6%, hasta rebasar el año pasado los 108.000 millones de euros.

En otras palabras, hay más pensionistas, con pensiones más elevadas, que multiplican el gasto, y para todo ello se cuenta con la misma recaudación.

Problema salarial

Y es que en los siete años de referencia, la pensión media del sistema ha pasado de 725 euros a 893, lo que representa una subida 23,2%. Por cierto, un incremento que casi ha triplicado el de los precios, que lo han hecho en el mismo periodo en torno al 8,5%. Hay que precisar al respecto que esa subida de la prestación media se nutre tanto de las alzas decretadas por el Gobierno cada año, como del efecto sustitución de las viejas pensiones que desaparecen por las nuevas, que son más elevadas.

Esa es una situación expansiva que no ha sido secundada por una subida salarial que haya permitido un incremento de las cotizaciones; la retribución media sólo ha crecido en España el 5,8% entre 2008 y 2015, al pasar de 1.797 euros al mes a 1.902.

Pese a que los efectos de la reforma que entró en vigor en 2013 ya han comenzado a dejarse sentir -en forma de nuevas prestaciones menos elevadas de lo que se esperaba con la anterior legislación-, la situación descrita y el déficit creciente obligan de manera ineludible a tomar medidas al próximo Ejecutivo. Las exacerbadas críticas generadas por el último hachazo dado al Fondo de Reserva para pagar la extra de verano no ocultan que todas las fuerzas políticas y sociales sabían que eso iba a pasar, pese a lo cual este asunto ni siquiera fue objeto de debate serio en la última campaña electoral.

¿Y cuáles son las soluciones que se proponen para salir del atolladero? No hay novedades en ello: crear más empleo, bajar las pensiones, subir las cotizaciones, pasar las prestaciones de viudedad y orfandad a los Presupuestos del Estado, subir impuestos o acabar con las bonificaciones son las principales.

Más ocupación

La creación de empleo no ha reducido el déficit

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, en su argumentario político, ha fiado en los últimos meses el equilibrio de las cuentas del sistema a la creación de más empleo. En concreto, asegura que el problema se resolverá con dos millones de nuevas ocupaciones, que al ritmo actual podrían generarse en la nueva legislatura. Sin embargo, las cifras de los últimos tres años indican que la baja inflación que frena las subidas salariales y los recortes y ajustes que el proceso de deflación interna favorece no han servido para mejorar la situación.

De esta forma, la generación de puestos de trabajo sólo será parte de la solución, ya que, como demuestran los datos de 2015, la existencia de medio millón de nuevos afiliados no ha impedido que el déficit de la Seguridad Social haya crecido desde 11.200 millones de 2014 a los 16.700. Es más, desde 2013, cuando tocó fondo la caída de la afiliación, hasta 2015 la recaudación creció el 3,1%, pese a que los cotizantes subieron en un 4,9%.

Tarifas más altas

Suprimir el tope de cotización

La tentación de subir las cuotas empresariales y de los trabajadores, como han hecho algunos países, está siempre presente como solución, pero entraña grandes riesgos. Entre otros, elevaría los costes laborales en el caso de las empresas, y, por otro, elevaría la fiscalidad de una forma homogénea de todos los asalariados.

La otra fórmula que algunas fuerzas de izquierda reclaman es suprimir el tope de cotización de 43.704 euros anuales, lo que iría en contra de la contributividad del sistema y podría crear otros desequilibrios a medio y largo plazo.

Recorte de prestaciones

Ningún partido parece dispuesto a una rebaja

Aunque se han oído propuestas procedentes de círculos neoliberales en tal sentido, la posibilidad de reducir la cuantía de las prestaciones en vigor no es contemplada por ninguna fuerza política en este momento; en la permanente campaña electoral que vive la política española desde hace ya casi un año, sería un suicidio. Y es que el haber mantenido las pensiones estos años ha jugado un papel esencial de amortiguación de las consecuencias que ha supuesto para millones de familias el desempleo y la fuerte caída salarial de los trabajadores con los niveles más bajos de retribución.

Viudedad y orfandad

Pasarlas a los Presupuestos, la opción más viable

La reforma de las pensiones de viudedad ya se debatió y se consensuó hace dos décadas por los grupos políticos del Pacto de Toledo, pero nadie se ha atrevido a meterle mano. El argumento central de ese cambio indica que se trata de una fórmula pensada para cuando la mujer no se había incorporado al mercado laboral.

Las últimas aportaciones de expertos y políticos a este debate contemplan sacar del sistema de pensiones las prestaciones de viudedad y orfandad, para que sean pagadas por los Presupuestos del Estado, opción por la que parece inclinarse el actual Gobierno en funciones de Mariano Rajoy. La medida no resolvería el problema del déficit público, pero sí el de la Seguridad Social.

Otra cosa sería una reforma en profundidad de la viudedad, respetando siempre las prestaciones ya existentes, sobre la que ningún partido parece dispuesto a asumir las consecuencias políticas. El coste de esta modalidad de pensión y de la de orfandad supera los 20.000 millones al año, por lo que se solucionaría de un plumazo el déficit del sistema.

Impuesto finalista

Una vieja propuesta que no termina de cuajar

Crear un impuesto específico para pagar el déficit de la Seguridad Social es otra fórmula manejada, que podría conllevar algunas ventajas. Por un lado, sería una subida de la fiscalidad mejor asumida por la sociedad, dada la finalidad de la misma; por otro, si ese gravamen adquiriera la forma de dos o tres puntos de IVA, como se ha llegado a proponer en las dos últimas décadas, no dañaría la competitividad internacional de la economía y generaría una cierta inflación que sería bienvenida en el actual proceso deflacionario que vive la economía nacional. Experiencias similares se han adoptado en algunos países.

Menos bonificaciones

Un ahorro que por sí solo no arreglaría el problema

Las políticas de promoción de empleo con fondos de la Seguridad Social como son las tarifas planas de cotización y otras bonificaciones similares han sido criticadas desde algunas instituciones y su derogación se reclama para reducir el déficit de la Seguridad Social.

La tarifa plana de cotización para nuevos autónomos y empleos creados con determinadas circunstancias ha sido rechazada por sindicatos y otras instituciones. CC OO estimó en su día un coste cercano a los 3.000 millones de euros entre 2014 y 2016 solo de esa medida.

En la actualidad, esta ayuda ha sido sustituida para los contratos realizados por emprendedores por la bonificación de los primeros 118 euros mensuales de cotización, si los trabajadores contratados tienen menos de 30 años o más de 45. La fórmula caducará en agosto si no es renovada. Existen otra docena de modalidades de bonificación, pero las citadas son con diferencia las que más dinero cuestan, por lo que su supresión no arreglaría por sí sola el déficit del sistema.