Al Gobierno rogando… pero con el mazo dando para cobrar a tiempo

La morosidad continúa siendo una pesadilla para subcontratistas y proveedores. En el caso de las administraciones públicas, el problema se ha ido encauzando algo a raíz de iniciativas como el plan de proveedores pero en las empresas privadas sigue sin encontrar solución y quienes más lo sufren son precisamente las firmas pequeñas y medianas (más conocidas como 'pymes') que tienen negocios con ellos.

En 2015, de hecho, vivieron uno de sus peores ejercicios al empeorar esa mora hasta suponer el 71,3% de la deuda comercial que soportan, siendo el dato más elevado desde 2011 (74,9%) según los registros de su patronal, Cepyme. Esto significa que las facturas pendientes de cobro que han excedido el límite legal de 60 días equivalen a un pasivo de 210.841 millones de euros, lo que implica 5.690 millones más que hace un año. En su mayor parte, esos deudores son grandes empresas que utilizan su posición dominante para establecer plazos de pago muy dilatados.

En consecuencia, el índice sintético de morosidad empresarial (que tiene en cuenta la deuda comercial con retraso en el abono y el periodo medio de pago) se incrementó el año pasado hasta los 93,5 puntos, rompiendo así con la tendencia bajista de los últimos ejercicios. El problema de fondo es que la morosidad es estructural, de modo que al no haber reducido más esos plazos durante la crisis al reactivarse la actividad económica se han vuelto a desmandar al alza.

Si se analiza por sectores, las empresas de construcción y textil son las que sufren mayores retrasos en el cobro de sus facturas, con 92 y 90,2 días, respectivamente. Y eso se está acusando con fuerza en el ámbito de la contratación pública, que ya de por si estaba viviendo otro malo con un nuevo descenso en las licitaciones de obra. El Centro de Estudios de Morosología de la escuela de negocios EAE ha recogido el sentir de las pymes afectadas y ha llegado a la conclusión de que son necesarias reformas legales a corto plazo.

Uno de las principales dificultades que han identificado para poder reducir esa mora es «la ausencia de un régimen sancionador», una petición recurrente de las organizaciones empresariales para penalizar el incumplimiento de los plazos legales. Ya en otoño de 2013, durante la tramitación de la ley de apoyo de emprendedores, intentaron que los partidos políticos hicieran caso a su demanda pero lo más que lograron, en lo referente al cumplimiento de los períodos de pago de los contratistas principales respecto a sus suministradores, fue se incluyera la expresión «podrá exigir», algo que a su juicio «adolece de falta de imperatividad».

Mirando también a las urnas

El paso del tiempo no he mejorado la situación. Por eso, el Centro y las pymes afectadas han querido hacer buena una adaptación del dicho popular de 'a Dios rogando y con el mazo dando'. El interlocutor en este caso vuelven a ser los políticos, pero de forma especial aquellos que logren formar el Gobierno tras los resultados que depare la cita electoral de este domingo, y el instrumento para 'amartillar' su demanda pasa por una campaña de concienciación que pretenden llevar a cabo tras el verano, evidenciando la crudeza de las cifras que soportan.

Sus principales peticiones son dos. De un lado, que los contratistas de las administraciones públicas estén «sometidos a unas condiciones imperativas» para cumplir con los plazos de pago y, al mismo tiempo, «un control administrativo» durante la ejecución del contrato que contemple incluso penalizarles económicamente si hay retrasos en sus facturas por encima de los plazos legales. La segunda vía, más directa, es que las entidades públicas adjudicatarias se encarguen del pago directo a los subcontratistas y proveedores cuando no lo haga el contratista principal quien, en consecuencia, vería como se le retendrían los fondos correspondientes.

En realidad, su solicitud es básicamente incorporar al Derecho español varias opciones que ya contempla la Directiva 2014/24 del Parlamento europeo sobre contratación pública de febrero de ese año. El problema, apuntan desde el Centro, es que «la acción directa no gusta a las administraciones, ya que no casa precisamente con su tradición jurídica».

Por eso, tal posibilidad no está contemplada actualmente en la Ley de Contratos del Sector Público y, por lo que parece, tampoco está previsto. Y es que el anteproyecto que puso en marcha el Gobierno antes de las elecciones anteriores del 20-D, pero que terminó decayendo al retrasarse los Ministerios implicados en su tramitación y disolverse antes las Cortes, no aparecía precepto alguno que permitiera ese pago directo a proveedores y tampoco se habilitaban sanciones por mora.