El último refugio

En 2014, último año del que existen estadísticas judiciales cerradas, se tramitaron en los juzgados de lo Social de la comunidad autónoma vasca 22.500 expedientes, de los que más del 23% fueron llevados por ELA, señala Amaia Aierbe, responsable del servicio jurídico de la central nacionalista, que cuenta con 70 personas, en su inmensa mayoría abogados. El suyo es, evidentemente, un buen observatorio para analizar lo que ha pasado.

El incremento en los años de crisis de los casos tramitados por su central ha sido espectacular. Entre 2008 y 2011 crecieron el 33% las reclamaciones y entre 2012 y 2016 esa cifra volvió a subir el 20% de media. El récord se alcanzó en 2013, el año siguiente de la reforma laboral más dura de la democracia, con 13.500 casos, que elevaron la media de los últimos cuatro años a 9.000. En esta ocasión no se trata de denuncias judiciales en sentido estricto, cuya media fue de unas 6.000, dado que en muchas ocasiones no se llega al Tribunal de lo Social al alcanzarse antes un acuerdo o producirse una renuncia del trabajador a continuar con el caso, precisa Aierbe.

Despidos y ultraactividad

Dos asuntos fueron protagonistas de este crecimiento de la litigación sociolaboral; por un lado, los despidos, cuyos recursos crecieron el 25% como consecuencia de la individualización de los mismos promovida por la reforma laboral -hasta entonces, en un mismo procedimiento podían tramitarse varios despidos individuales- ; y, por otro, los conflictos causados por el fin de la ultraactividad de los convenios, establecido por la misma reforma.

En este último caso, señala Alberto Abasolo, decano de los servicios jurídicos de ELA, su central decidió «judicializar todas las comunicaciones recibidas por los trabajadores» en las que se les anunciaba el fin de la vigencia de su convenio, pero se establecía un plazo voluntario por la empresa para seguir aplicándalo. Además, en ese periodo se duplicaron las actuaciones por modificaciones salariales y de jornada laboral.

En los dos últimos años (2014 y 2015), los asuntos llevados por ELA a los tribunales han vuelto a los niveles de 2012. Los despidos siguen acaparando el 25% de los procesos, y también tiene una gran relevancia la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, mientras que se han duplicado los conflictos colectivos.

Una de las causas de que la litigiosidad siga en tan elevados niveles se debe, añaden los responsables de ELA, a que los trabajadores están perdiendo «el miedo» y abandonando con sus demandas «precauciones» de la época más aguda de la crisis.

«Estamos gestionando los problemas del empleo precario y miserable», recapitula Alberto Abasolo, y el trabajo del sindicato solo se limita a «intentar mantener las condiciones laborales». Ello es consecuencia, apunta Aierbe, de que la reforma laboral ha generado un «cambio radical en las relaciones laborales», al elevar «el poder de las empresas». Una reforma que también tenía por finalidad, añade, reducir la capacidad de control de los jueces en este capítulo, a lo que ELA reaccionó en sentido contrario al apostar por «exprimir al máximo la vía judicial».

Pero no solo ha cambiado la tipología de los casos que llegan a los tribunales. También lo ha hecho el perfil de los trabajadores implicados. Tras la reforma laboral del Gobierno de Rajoy, en ELA han visto cómo los trabajadores mayores de 50 años presentan unas características comunes cuando llegan a sus servicios jurídicos: piden asesoramiento del sindicato para conseguir algún tipo de incapacidad, subsidio o acceso temprano a una pensión, tras ser expulsados del mercado laboral.

El otro extremo

En el extremo opuesto, los jóvenes presentan una problemática diferente, en especial las mujeres. Con salarios en general por debajo de los 1.000 euros al mes, reclaman por un despido improcedente en el que la indemnización es muy baja porque apenas han acumulado antigüedad. La compensación es tan pequeña, precisa Abasolo, que los empresarios los tramitan por la vía disciplinaria, sin importarles la causa, porque es mucho más fácil y casi tan barata como las rescisiones realizadas por causas objetivas. En general, explica, la causa alegada es «disminución voluntaria del rendimiento».

Y junto con el despido, es habitual que presenten otras reclamaciones menores que antes no se atrevían a plantear por miedo a perder el empleo, como horas extras, categoría laboral y todo lo que le ha sido mal aplicado. De esta forma, cada persona acumula varios expedientes, señala.

El colectivo de edad intermedia presenta menos litigiosidad, aunque en general se trata de los mismos problemas, como la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. No obstante, suele tratarse de personas con 12 a 15 años de antigüedad que tienen menos problemas para reintegrarse al mercado laboral cuando son despedidas.

En el caso del sector público, ELA ha constatado un aumento de las reclamaciones, con unas peculiaridades específicas relacionadas, sobre todo, con los recortes salariales. El de la Seguridad Social es otro frente donde también han aumentado demandas, sobre todo por las altas médicas indebidas a cargo de las mutuas de accidentes, subraya el sindicato. «Impugnamos muchas altas médicas», asegura Abasolo, aunque no son procesos fáciles, porque para ello tienen que contar con la colaboración del médico de cabecera y de los especialistas. En este capítulo, lamenta, también se ha producido un claro retroceso en los derechos laborales.