Mario Fernández reitera su «integridad y honestidad» en el 'caso Kutxabank'

El Juzgado de Instrucción número 4 de Bilbao ha dado por concluida las pesquisas sobre el el denominado 'caso Kutxabank' y ha decidido seguir con el procedimiento para preparar el juicio oral contra los imputados: el expresidente del banco vasco Mario Fernández, el exdelegado del Gobierno en Euskadi Mikel Cabieces y el abogado Rafael Alcorta. Se les acusa de los presuntos delitos de administración desleal, en concurso con uno de apropiación indebida, y de otro de falsedad documental. Esa decisión puede ser recurrida por las partes en el plazo de diez días.

A través de un comunicado hecho público esta tarde, Mario Fernández ha reiterado «la integridad y honestidad de su gestión durante el tiempo que tuvo el honor de presidir Kutxabank». Asimismo, Fernández ha informado de que no ha recibido notificación alguna por parte del Juzgado, por lo que desconoce el auto de la jueza y ha agradecido a los medios de comunicación que les hayan informado del mismo. Tan pronto como le sea notificado el auto, Mario Fernández ha señalado que lo analizará con «todo detalle» y tomará cuantas medidas estén en su mano para defender su honor.

La juez encargada de la investigación, Ana Isabel Álvarez, ha acordado seguir el procedimiento por el supuesto cobro irregular por parte de Cabieces, exdirigente del PSE, de una retribución de más de 243.592 euros en tres años pagada por Kutxabank por trabajos realizados para la entidad financiera desde el bufete que dirige el letrado Rafael Alcorta.

En su auto, el juzgado sostiene que «se puede hablar de la existencia de un perjuicio directo para la entidad y un correlativo para un tercero, concurriendo también la disposición fraudulenta de bienes de la sociedad y el abuso de las funciones del cargo, elementos necesarios para poder considerar la existencia de un delito de administración desleal», por el que plantea sentar en el banquillo a los tres encausados.

Según indica la resolución, las salidas de dinero desde Kutxabank entre marzo de 2012 y noviembre de 2014 destinadas a Cabieces, mediante abonos mensuales de una cantidad fija, resultan "incuestionables" y se efectuaban a través de los pagos del banco al despacho de abogados de Rafael Alcorta, con el que el banco tenía suscrito un contrato de servicios bajo la fórmula de la "iguala".

La juez señala que, aunque se ha tratado de justificar la incorporación del exdelegado del Gobierno a la actividad que desarrollaba ese bufete en la coyuntura de un mayor volumen de trabajo en materia social y laboral tras la integración de las cajas vascas en Kutxabank y la adquisición de Cajasur, "no se daban las circunstancias necesarias para una nueva contratación". Además, considera que el importe de las percepciones "no guarda proporción con el valor de la actividad desarrollada".

Cantidad equivalente a cuatro mensualidades

El auto señala que el exrepresentante del Ejecutivo de Zapatero en Euskasi recibió una cantidad equivalente a cuatro mensualidades más 900 euros, durante un periodo en el que "no se desarrolló ningún servicio" para Kutxabank, y que esas facturas fueron giradas bajo un concepto "falso, pues el indicado no respondía a un servicio o prestación que se considerara adicional".

La juez indica que el entonces presidente de Kutxabank "impuso" al responsable de Recursos Humanos de la entidad la realización de "unos abonos periódicos" durante un período determinado de tiempo, "obviando el procedimiento regulado vigente en la entidad" y sin existir un documento contractual, "impidiendo que pudiera efectuarse un control de la prestación del servicio". A su juicio, los anexos a las facturas "dejan claro que el importe facturado adicional al precio de la iguala no retribuía un trabajo de Rafael Alcorta, sino de un tercero, trabajo que no constaba".

En la resolución se indica que, atendiendo a determinado documento, «la pretensión era facilitar la incorporación al mercado laboral» de Mikel Cabieces tras concluir su labor como delegado del Gobierno en el País Vasco, «asumiendo su formación» y «limitándose el trabajo relativo a la entidad a temas que no tuvieran visualización pública y con el letrado de CajaSur». «Por lo tanto -añade- no se trataba de la contratación de un profesional especialmente cualificado o de un profesional que aún debiera completar su formación pero en el que se pretendiera invertir como valor de futuro de la entidad».