Petróleo, pensiones, ética y medio ambiente

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que en los tres últimos años ha permitido al Gobierno completar el pago de las pensiones en España, aborda este ejercicio una carrera contrarreloj determinante para el saneamiento del sistema. Como es sabido, en los tres últimos años la 'hucha' de las pensiones ha tenido que disponer de la mitad de sus reservas para que casi nueve millones de jubilados hayan podido cobrar íntegras sus prestaciones; la duda que se presenta ahora es si en los próximos tres no agotará sus fondos. Solo la continuación de la mejora del empleo y el aumento de la recaudación, que comenzó en 2014 tras el retroceso experimentado durante la crisis, pueden impedir que este instrumento se quede sin reservas.

En la actualidad tiene 42.014 millones de euros, en valores que a precio de mercado suman 49.156 millones, pero solo el año pasado debió destinar 15.300 millones para completar el abono de las prestaciones.

La última reforma del sistema ha supuesto el inicio de un ajuste en el gasto global en prestaciones, que ya se ha traducido en un aumento interanual de la nómina de las pensiones del 3%, cuando ha llegado a ser en la última década de hasta el 8,5% (2008). Las medidas de recorte se van a agudizar, pero el gasto va a seguir creciendo porque el aumento de pensionistas será imparable en los próximos años, dado que ya comienzan a incorporarse como beneficiarias las cohortes del 'baby boom', la explosión demográfica de los años 50 del pasado siglo.

Nuevas medidas de ajuste deberán entrar en vigor, como el factor de sostenibilidad, que comenzará a aplicarse en 2019. Debería ser suficiente para garantizar el futuro del sistema en los actuales términos, pero todo dependerá de la recuperación económica y de la creación de empleo.

El primero del mundo

Los apuros del sistema español de pensiones -que no son un hecho aislado en Europa- contrastan con la situación de algunos países previsores. El caso más llamativo es el de Noruega, porque dispone del fondo de inversión soberano más importante del mundo y su objeto es complementar el pago de las pensiones futuras. Un fondo que se creó con el dinero procedente de los beneficios de la explotación del petróleo y gas del mar del Norte, no antes de resolver un importante debate nacional al respecto, sobre el ritmo de explotación de los yacimientos.

El pragmatismo de que hizo gala el país nórdico hace dos décadas -el fondo fue creado en 1990, pero los primeros ingresos se produjeron en 1996, contrasta con la polémica surgida en España sobre la explotación de hipotéticas riquezas subterráneas en gas y petróleo del territorio nacional. Este asunto ha tenido hace unos meses una fuerte incidencia en las islas Canarias y la mantiene en algunas comunidades autónomas ante el inicio de posibles campañas de sondeos por medio de la técnica de fracking en busca de yacimientos de gas no convencionales.

El Gobierno español, para favorecer una exploración muy contestada, ha cambiado la normativa vigente y concede parte de la riqueza que pueda generarse con estas futuras explotaciones a municipios y comunidades autónomas. Pero ello no ha influido aparentemente en esa parte de la opinión pública, que sigue rechazando este tipo de prácticas. O al menos esto es lo que la actuación de las organizaciones ecologistas dejan entrever. ¿Sucedería lo mismo si en una época de ajustes de las pensiones los beneficios futuros fueran destinados a la 'hucha' que ahora va camino de agotarse?.

Aunque los noruegos, un pueblo volcado al mar, han corrido el riesgo de contaminar sus aguas para extraer los hidrocarburos del fondo oceánico, la riqueza generada, sin embargo, le ha permitido al Government Pension Fund-Global (antes The Government Petroleum Fund), ser uno de los agentes más influyentes del mundo en cuestiones éticas y medioambientales.

¿Cómo? Utilizando los 800.000 millones de euros que tiene acumulados para ello. Ese fondo -tiene dinero para pagar casi toda la deuda pública española, esa que tantos quebraderos ha dado al país en los últimos años- mantiene invertidas colosales cantidades de dinero en más de 9.000 empresas de todo el mundo. De ellas, cerca de ochenta son españolas, con 8.000 millones de euros invertidos.

Pues bien, esa toma de capital a nivel mundial ha permitido a sus gestores (el Banco Nacional de Noruega) imponer una serie de condiciones de tipo medioambiental y ético que están condicionando la gestión de miles de empresas, muchas de ellas muy poderosas. Nadie quiere ser señalado por no ser respetuoso con la ética y el medio ambiente en estos tiempos de economía globalizada y el fondo noruego está presionando mucho en esa dirección.

Así, sus gestores advierten a las empresas participadas que abandonarán su capital (o no entrarán en él) si no respetan una serie de criterios de responsabilidad empresarial, entre los que incluyen el cambio climático, la contaminación, los derechos laborales, la venta de armas...

Un ejemplo de lo que sucede es el de Repsol. El fondo noruego advirtió a la petrolera española de que no se estaba respetando el modo de vida de los indígenas de una zona de la selva peruana donde mantenía una explotación. La compañía no dudó en desprenderse de esa propiedad ante la sugerencia de un accionista tan relevante.

Y es que no hay nada como el dinero para tener influencia incluso en cuestiones éticas.