El Tribunal Superior declara «ilegal» el proyecto de las cinco torres en Durango

El fallo ha sido dado a conocer hoy miércoles por el grupo independiente Herriaren Eskubidea, formación que en enero de 2019 denunció el Programa de Acción Urbanizadora (PAU) a fin de paralizar el controvertido proyecto que contemplaba la construcción de cinco torres de hasta 18 alturas «por las repetidas irregularidades que hemos detectado, irregularidades que podrían derivar en perjuicios económicos para las arcas del Ayuntamiento». En aquel entonces, el equipo de Gobierno estaba formado por PNV y PSE, una coalición que vuelve a ponerse al frente del Consistorio tras los últimos cuatro años que los independientes gobernaron Durango junto a EH Bildu.

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Bilbao destaca que «la ejecución del PAU –aprobado en 2018 al margen de los estándares de vivienda protegida innovados en 2006– deviene contraria a derecho si no se modifica con carácter puntual y previo el PERI del que depende». Desde la agrupación independiente precisan que la sentencia deja claro que «no debió hacerse así y que, lo que haya que corregirse, debe realizarse mediante una modificación del proyecto». La resolución no es firme y el Ayuntamiento tendrá un mes de plazo para interponer un recurso.

Satisfechos con la sentencia, los independientes de Herriaren Eskubidea hacen hincapié en que han cumplido lo que prometieron: «Defender los intereses de Durango donde haga falta». En este sentido, la formación subraya que «la ciudadanía nos dio un mandato claro con la consulta popular», donde una amplia mayoría de los ciudadanos que participaron dijeron 'no' al plan urbanístico de las cinco torres. Su único representante en esta legislatura, Jorge Varela, asegura que, «gracias a esta sentencia, hemos conseguido que Durango pueda decidir qué proyecto quiere para los terrenos del tren».

A la hora de valorar el fallo del Tribunal Superior, desde el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco han señalado es «tema propio del Ayuntamiento, nosotros no podemos entrar. Lo que podemos decir es que el proyecto se está reconduciendo para ver cómo se reurbanizarán los terrenos liberados del ferrocarril», han destacado a EL CORREO.

Ha precisado, asimismo, que la polémica construcción de las cinco torres «ya habíamos dado por concluido hace años». De hecho, a finales de 2021 llegaron a un preacuerdo con el Ayuntamiento -con EH Bildu y Herriaren Eskubidea al frente- en el que se «descartaron» las torres. En su lugar se contempla edificar sobre un tercio de los 60.000 metros cuadrados liberados, rebajar la altura prevista en el convenio firmado en 2017 y habilitar más zona verde.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y el Ejecutivo autónomo conllevó la suspensión del procedimiento para «favorecer las buenas relaciones» durante las negociaciones. Sin embargo, el pasado mes de febrero la agrupación independiente se decantó por proseguir con la vía judicial «porque vencía el plazo máximo de suspensión».

La exalcaldesa Ima Garrastatxu (EH Bildu), por su parte, ha resaltado en sus redes sociales que «dijimos que el proyecto de las 5 torres de 18 pisos no tenía sentido. La ciudadanía así nos lo trasladó también en la consulta popular. Y ahora lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El preacuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco es el único camino que queda por recorrer. Un proyecto verde, justo y más social para nuestro pueblo. Así lo seguiremos defendiendo, ahora, también con el aval de la justicia».

El recién constituido equipo de Gobierno -PNV y PSE-, por su parte, asegura que analizará «con detenimiento» la sentencia, a la vez que ha solicitado una reunión con Euskal Trenbide Sarea (ETS) y el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco con el fin de analizar la situación actual y poner en marcha «cuanto antes» los cauces y procesos necesarios para el desarrollo del proyecto. «El espacio del PERI Ferrocarril es de gran importancia para el futuro de Durango, por lo que desde el Ayuntamiento se trabajará para recuperar «cuanto antes» todo ese espacio con un proyecto que responda a las necesidades de los y las durangarras y que pueda alcanzar un amplio respaldo por su parte», han concluido.

Se trata de la segunda denuncia que esta formación ha interpuesto contra este proceso, después de que en octubre de 2017 demandaran junto a EH Bildu el convenio relativo a la reparcelación del PERI entre el Ayuntamiento y ETS. Demanda que aún sigue su recorrido judicial. «Nos dieron la razón en primera instancia, el Tribunal Superior nos la quitó y ahora está en el Supremo», ha aclarado Varela.

En cuanto a este procedimiento, tanto EH Bildu y Herriaren Eskubidea apostaron entonces por agotar la vía judicial sobre el controvertido convenio. En 2019, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Bilbao lo declaró nulo por incompetencia del órgano firmante. Aquella sentencia consideró que la concejala delegada de Urbanismo, Mari José Balier, «no era el órgano competente» para firmar el convenio, sino que debía haber sido adoptado por la junta de gobierno local, un órgano colegiado de existencia obligatoria en todos los municipios de más de 5.000 habitantes.

El Ayuntamiento -con PNV y PSE a la cabeza- recurrió al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en contra de que se declarara nulo el documento. El fallo, dado a conocer en abril de 2021, consideraba el acuerdo «acorde al derecho», sin irregularidades y, por tanto, válido, reconociendo así los derechos urbanísticos de ETS en Durango. Decisión que fue recurrida por EH Bildu y Herriaren Eskubidea y está pendiente aún de resolución.