El drama de Jesusín: con un 95% de discapacidad y sin poder salir de casa

Su hermana Estíbaliz lleva tres años luchando por un ascensor que nunca llega a su edificio, ubicado en la Ribera de Deusto, en Zorrozaurre. En plena expansión y renovación de la isla, aún no han podido adaptar y eliminar barreras en el inmueble para darle las comodidades mínimas. «Esto no es un capricho, mi hermano necesita libertad, salir a la calle. Varios profesionales nos han dicho que no podemos tenerlo encerrado y que necesita vida social», explica la mujer, cuyo marido, Gori Paredes, también tiene una discapacidad.

El bloque, en el que residen varias personas mayores, suma tres vecinos con movilidad reducida. La comunidad dispone de los permisos, el proyecto, los planos y toda la documentación necesaria para acometer la obra, que es viable. «Se puede poner un ascensor, pero debe ser por fuera. El problema radica en que el suelo en el que se puede instalar, el antiguo emplazamiento de la fábrica Artiach, es propiedad de un conglomerado de empresas, que «se pasan la pelota unas a otras».

Según explica Varela, el Ayuntamiento les ha dicho en tres ocasiones que el problema se solucionará, pero temen que esta batalla se prolongue otro año más , como mínimo. «Todo empezó con las obras de rehabilitación que hicimos en 2017. Nos reunimos con el concejal de Urbanismo, Asier Abaunza, pero como si no lo hubiéramos hecho», lamenta la mujer. «Llevan desde noviembre de 2021 recogiéndonos las peticiones, pero nadie nos devuelve las llamadas. Nos dan largas y no cumplen los tiempos que nos prometieron».

«El Consistorio nos dice lo que queremos oír para que nos quedemos tranquilos, pero luego no hace nada». Es la conclusión que sacan todos los vecinos porque, según afirman, fuentes de la institución local les han dicho que «no pretenden arreglarlo a corto plazo».

El Ayuntamiento, por su parte, defiende su posición como «mediador». «No somos parte implicada, sino que hemos entrado como intermediarios para resolver el problema», exponen los responsables municipales, e insisten: «Se trata de un terreno privado, no público, y no podemos expropiarlo». De hecho, desde el Consistorio «se intentó comprar el suelo necesario para poder abordar la obra, pero no se llegó a ningún acuerdo con el propietario porque pedía más del valor de tasación del espacio».

Los vecinos, por su parte, tuvieron que hacer un desembolso previo para renovar el edificio y una de las condiciones era la instalación de ese ascensor. «Nos hemos endeudado hasta los dientes y no tenemos lo más importante para todos. ¿Dé qué sirve mejorar la estética del edificio si lo que necesitamos es funcionalidad?», se preguntan.

A esta situación se suman «las amenazas» que afirman haber recibido por parte de inquilinos de las lonjas situadas en la trasera del inmueble, que alquila el grupo de empresas propietario de los terrenos de la antigua Artiach. «Se trata de gente que vive en locales que no son habitables y han amenazado a vecinos, al constructor y al arquitecto. Los obreros tienen miedo de trabajar ahí», asegura uno de los afectados.