El mismo dolor que aquel 6 de febrero

Es la herida personal de un suceso que ha abierto muchos más frentes. El judicial ha sido protagonista reciente, con la detención de tres de los responsables del vertedero -que han quedado en libertad con medidas cautelares tras declarar ante la juez-. Se trata del dueño de la empresa Verter Recycling, José Ignacio Barinaga; la gerente y sobrina, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Etxebarria. Su arresto por parte de la Ertzaintza el pasado 21 de julio provocó un encontronazo entre las autoridades policiales y el juzgado de Durango que se encarga del caso ya que este desmintió que las detenciones se produjeran por orden judicial. «Ha sido un despropósito, una chapuza», califica el entorno de los dos trabajadores desaparecidos. «Han estado a punto de victimizar a los principales investigados», que han sido acusados de homicidio imprudente, relacionado con un delito contra los derechos de los trabajadores.

La cuestión clave está en las grietas que aparecieron en la escombrera del barrio de Eitzaga días antes de registrarse el colapso. La Ertzaintza sostiene que los imputados tenían supuestamente conocimiento de la gravedad del problema y, pese a ello, no paralizaron la actividad. De hecho, los camiones de desechos siguieron entrando hasta que el vertedero se vino abajo.

La Policía autonómica se apoya en dos estudios realizados en abril y en junio de 2018, que alertaban ya de importantes problemas de estabilidad en el vertedero de Zaldibar. Tal y como avanzó este periódico, fueron elaborados por Geyser HPC, la misma empresa que en 2007 realizó el diseño final del vertedero -tras modificar el proyecto de la ingeniería LKS que había recibido el visto bueno del Gobierno Vasco-. Estos estudios de estabilidad fueron encargados después de que Verter decidiese construir en 2017 una plataforma en la parte intermedia de la instalación para dar respuesta al «progresivo aumento» en la recepción de residuos. El primer informe de Geyser fue «desfavorable». No superó «la mayoría de factores de seguridad requeridos». Dos meses después, la ingeniería realizó un segundo estudio con resultados similares. Esta vez ofreció a la empresa realizar un estudio en profundidad, pero la idea fue «rechazada» por Verter y no realizó «ninguna acción», según consta en la información policial remitida al juzgado de Durango.

Días antes de la tragedia, el propio Joaquín Beltrán había alertado de la aparición de grandes grietas en el talud. La empresa, sin embargo, nunca lo puso en conocimiento de la Administración, según el Gobierno vasco, que trasladó el asunto a Fiscalía. El alud también alcanzó dimensiones políticas, con las críticas a la tardanza del lehendakari de visitar el lugar de los hechos. El departamento que dirige Iñaki Arriola también ha tenido que dar explicaciones. Medio Ambiente realizó tres inspecciones al vertedero. La última de ellas se llevó a cabo meses antes del desastre y concluyó en una sanción por la existencia de irregularidades.

A la espera de las conclusiones judiciales, el derrumbe dejó a la vista otro problema de gigantescas dimensiones: qué hacer con las miles de toneladas que se depositaban en Zaldibar, a falta de otras instalaciones alternativas y con la mayoría de escombreras cerradas. Solo en Verter Recycling se depositaban cada año 500.000 toneladas.

Los vecinos de la zona siguen teniendo presente la tragedia ambiental que se desató tras el incendio de la escombrera, lo que provocó la contaminación del aire y mantuvo en vilo a las poblaciones cercanas: la propia Zaldibar, Ermua y Eibar. Nadie olvida aquel fatídico 6 de febrero.