Denuncian que una enferma de anorexia compartió planta con un preso en Galdakao

La joven había ingresado en el hospital porque bajó de peso de manera drástica. «En seis meses había perdido 18 kilos». Los afectados por esta enfermedad desarrollan estrategias en su vida cotidiana para restringir los alimentos, mienten sobre sus hábitos o realizan ejercicios de manera compulsiva para quemar calorías y así no engordar ante la impotencia de sus familiares, que no saben cómo ayudarlas a frenar el problema. Suele repetirse el perfil de chicas inteligentes y con un elevado nivel de autoexigencia y fuerza de voluntad.

Era su tercer ingreso en un hospital en dos años, algunos de ellos voluntarios y otros a instancias de un juez. De la unidad de Urgencias fue derivada a planta y allí ha estado más de dos meses, hasta el pasado febrero. A esta paciente sólo se le podía visitar dos horas al día, tenía racionado el teléfono móvil, 20 minutos por la mañana y otros 20 por la tarde. Había cámaras en las habitaciones y la tenían que controlar la ingesta de alimentos en un comedor terapéutico, entre otras estrictas medidas de seguridad para conseguir que ganase peso porque su integridad física estaba en peligro. Incluso llevaba una sonda nasogástrica para renutrirla y alcanzar las 3.500 calorías diarias. En este centro para este tipo de pacientes disponen de dos habitaciones con camas cerradas. «Incluso para ir al baño tienen que pedir permiso».

Sin embargo, en este área, con una docena de plazas, comparten espacio también pacientes con otras enfermedades distintas, desde afectados de «esquizofrenia, paranoia o depresión a mayores con demencias, salvo drogodependientes o personas con problemas de alcoholismo, que son derivados a otra zona», según denuncia la familia de la joven, que quiere hacer público su caso «para que no le vuelva a pasar a otra familia».

Para evitar este «caos», reclaman una unidad específica para los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) en Euskadi, un proyecto que ya se ha planteado en el pasado pero que no termina de ver la luz, como ya existe en otras comunidades, como la vecina Cantabria, que cuenta con una en el hospital de Valdecilla, en Santander, o Albacete.

Según explican los afectados, en el hospital de Basurto disponen de una unidad sólo para menores y en Cruces y Galdakao, los enfermos adultos con problemas graves ingresan en las respectivas unidades de Psiquiatría. «Cuando es un caso crónico, les llevan a Zaldibar».

Lo que no sabían es que su hija, «en una situación tan vulnerable», iba a coincidir en la misma unidad con un joven de 18 años que está «cumpliendo una condena de un año por violencia de género y que además tenía antecedentes por otros delitos», según él mismo les reveló a varias pacientes durante su estancia en Galdakao. El chico, vecino de una localidad guipuzcoana, estaba internado en el centro de menores de Zumarraga, pese a que según les habían informado sólo ingresaban pacientes «del entorno». En Basurto hay un pabellón penitenciario para tratar precisamente a personas privadas de libertad que necesiten asistencia médica de cualquier tipo.

Al saber que su hija estaba manteniendo una relación estrecha con este joven y temiendo que pudiera resultar «peligroso» para ella, los padres pidieron una reunión con el director general del hospital y con la jefa de Psiquiatría, quienes les comunicaron que «no habían detectado nada, pese a que el personal lo sabía». También les dejaron claro que «estaban prohibidas las relaciones afectivas» entre pacientes. «Se cerraron en banda», se quejan.

Como ejemplo del «descontrol» que, a juicio de estos padres, reina allí, cuentan que incluso una conocida de este chico entró en su habitación para hacerle un tatuaje, algo que está también prohibido. «He traído aquí a mi hija para que se arregle y ha salido peor», protesta el padre. El hospital de Galdakao, por su parte, al que se ha dirigido este periódico para contrastar la denuncia de esta familia, ha rehusado ofrecer explicaciones sobre este caso.