¿Quién fue el culpable de los derribos de casas en Cantabria, muchas de vizcaínos?

Desesperación, impotencia y rabia es lo que han venido sintiendo durante este larguísimo calvario, que muchos de los afectados no han llegado a ver resuelto -son 270 los miembros de AMA que han fallecido desde su constitución, hace ya veinte años-, pero se trata sobre todo de una trayectoria de lucha y perseverancia jalonada por algunos hitos, como el apoyo recabado del Defensor del Pueblo, su paso por el Parlamento Europeo en Bruselas y el convenio con el Gobierno regional que al menos les aseguraba una salida: regularización, indemnización o vivienda de sustitución.

De lo que menos se ha hablado es de culpables: salvo casos contados de alcaldes condenados a penas de inhabilitación que se antojan leves en relación al quebranto económico que provocaron.

Para AMA no existe un responsable único de todo su sufrimiento, y reparten culpas entre quienes no han sabido ponerle fin: Gobierno, ayuntamientos, jueces y denunciantes. «¿Culpables? Yo creo que en la cúspide pondríamos a Miguel Ángel Revilla -afirma, rotundo Vilela-, primero, porque tenía las competencias más importantes, como consejero de Urbanismo y presidente de la Comisión Regional de Urbanismo: son dos cargos muy importantes por donde pasaron el 99% de las sentencias de derribo y no se tuvo la vigilancia suficiente para darse cuenta o se miró para otra parte. Y luego tiene la culpabilidad de haber estado tantos años en el Gobierno y no haber solucionado el problema de los derribos, que seguimos con ellos».

«Debajo de él irían todos los que estaban en esa Comisión Regional de Urbanismo, y luego están los alcaldes que son primogénitos, es decir, aquellos que estaban al frente de los ayuntamientos donde se dictaron sentencias de derribo... que dieron unas licencias y aprobaron estudios de detalle que luego dieron lugar a las sentencias de derribo porque no se ajustaban a la legalidad vigente, todo con el visto bueno de esa Comisión Regional de Urbanismo, que se lució».

El presidente de AMA también tiene reproches contra ARCA, la asociación ecologista que está detrás de las denuncias, e incluso contra la propia Justicia. «Creemos que el demandante, en este caso ARCA, en la mayoría de los casos, que se preocupó, y está muy bien, del medio ambiente, pero no se preocupó nunca de las consecuencias colaterales que tenía hacia los terceros de buena fe que habían comprado y que no tenían absolutamente nada que ver».

«Hay un culpable también muy grande y es la Justicia: en 2007 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria reconoce los daños morales que nos ha producido la Administración, que ya tiene narices que una Administración produzca daños morales a los afectados, y la condena a pagar sea de 9.000 euros en caso de segunda vivienda y 12.000 en caso de primera vivienda como indemnización. Y después los sucesivos Gobiernos. Han pasado muchos, y han tenido tiempo de solucionarlo».

Y ¿qué es lo que dicen aquellos a quienes AMA señala con el dedo? «La responsabilidad fundamental de lo ocurrido en los últimos años está en los ayuntamientos, especialmente en Argoños, Escalante, Arnuero y Piélagos, que aprobaron los planes generales que permitieron construir. Todos ellos estaban y están gobernados por alcaldes del Partido Popular», sostiene Miguel Ángel Revilla, el primer citado en esa relación. «Como presidente de la Comisión Regional de Urbanismo, en mi etapa como consejero de Obras Públicas, las decisiones se adoptaron siempre de acuerdo con los informes de los técnicos competentes. No hubo ninguna decisión política».

«Lo que sí hicimos desde el Gobierno de Cantabria fue crear un fondo de derribos para ayudar a los ayuntamientos a afrontar los pagos, porque las sentencias les obligan a ellos a pagar, porque fueron los que se beneficiaron de la concesión de licencias, algunas de ellas millonarias. También aportamos desde el Gobierno soluciones como las viviendas de sustitución de Arnuero, dejamos comprados los terrenos para las de Escalante e intentamos todas las modificaciones urbanísticas posibles para salvar el mayor número de viviendas. Si alguien quiere buscar responsables, que busque entre los que hicieron crecer Argoños, Arnuero Escalante y Piélagos y gestionaron el dinero de las licencias», concluye.

Llega el turno de ARCA. ¿Unos ecologistas desalmados a quienes nada importa el sufrimiento de tantas familias? «La gente debería enfadarse con los responsables, y no somos nosotros. Es posible que con esas operaciones haya ediles que han hecho importantes patrimonios económicos, a costa de construir ilegalmente, pero nadie quiere dar la cara y terminan atacando a quien denuncia, y esto es perverso», dice Carlos García, secretario general de la asociación.

Queda por analizar, por último, el papel de la Justicia, que expone Esther Castanedo, presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC. ¿Podría haber actuado de otro modo? No parece posible. «Los propietarios reclaman su derecho a la vivienda, y tienen toda la legitimidad para reclamarlo, pero es que hay derechos fundamentales implicados. El único derecho fundamental afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva, que es el cumplimiento de las sentencias que se dictaron en los años 90 y 2000. Luego hay intereses económicos, intereses ambientales, intereses urbanísticos, intereses de derecho a la vivienda... pero todo eso no son derechos fundamentales. Nosotros, como jueces, el artículo 117 de la Constitución dice que tienes que ejecutar las sentencias, porque es parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24».