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Asier y Naiara son dos vecinos de Erandio que empezaron a trabajar cuando tenían 15 años. Él es albañil. Ella, trabajadora de un supermercado. No ... tardaron mucho en conocerse. Se enamoraron. Se casaron. Las cosas iban bien. Naiara se quedó embarazada. Y en 2007 decidieron comprarse una casa. Era la época de la burbuja inmobiliaria. Los precios estaban por las nubes, pero encontraron una buena oportunidad en un caserío con terreno en Erandio. Era la casa de sus sueños y se lanzaron a por la vivienda de dos plantas. Lo que no sabían bien era lo que ponía en la letra pequeña de aquel préstamo.
La compraron a medias con el hermano de Asier y su pareja. La Unión de Créditos Inmobiliarios les concedió una hipoteca a 40 años de más de 400.000 euros, por el 120% del valor del inmueble. Incluso les prestaron dinero para que hiciesen la reforma del caserío. La burbuja estaba a punto de estallar.
Casi dieciocho años después de la firma de las escrituras, Asier y Naiara se encuentran en una situación límite. Si no se estiman los últimos recursos presentados de urgencia, este miércoles día 29, en principio, deberían abandonar su vivienda por una orden de desahucio por impagos. Y no sólo ellos. También los padres de ambos, ya jubilados, que les avalaron cuando la pareja que compró la casa con ellos se separó y las cosas empezaron a torcerse. Los padres de Asier pusieron sus dos pisos como garantía. Y los de Naiara les avalaron con su casa de toda la vida. Todos en Erandio.
«Sólo pagábamos intereses y la cuota no dejaba de crecer. Era como una bola de nieve. Nos han destrozado la vida»
«No estamos hablando de personas que hayan vivido por encima de sus posibilidades ni que hayan eludido su responsabilidad»
Ahora estas personas tienen sobre la mesa una orden para que abandonen sus viviendas. «Nos han destrozado la vida», resumen. Su última bala es un recurso de última hora -hasta hora todos sus escritos han sido rechazados- para paralizar de forma cautelar los desahucios que se basa en una sentencia del pasado diciembre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta cuestiona las hipotecas suscritas en torno al IRPH (una variante del euríbor mucho más cara, que en Euskadi afecta a cerca de 30.000 titulares de hipoteca) y puede ser declarada abusiva si existió falta de transparencia en la información que se le facilitó al usuario.
«No estamos hablando de personas que han vivido por encima de sus posibilidades. Ni de personas que hayan tratado de eludir sus obligaciones. Han sido víctimas de una estafa. De una hipoteca cruel», subrayan desde Stop Desahucios Nerbioi, que les están prestando asesoramiento legal.
En esta historia -insisten- confluyen dos factores importantes. Por un lado se encuentran una serie de problemas que se desencadenaron apenas tres años después de la firma de la hipoteca. La pareja del hermano de Asier rompió y tuvieron que renegociar las condiciones con el banco. Fue entonces cuando sus padres tuvieron que avalarles. Las relaciones con su hermano también empezaron a deteriorarse. Las cuotas no dejaban de aumentar. Al principio pagaban unos 1.100 euros cada familia. Pero poco después ya estaban en los 1.400 y, como apenas amortizaban capital, los intereses no dejaban de crecer. «Era como una bola de nieve». Fue entonces cuando empezaron a comprender que se habían metido en un pozo sin fondo. «Renunciamos a todo. Vendimos el coche, las pocas joyas que teníamos. Prácticamente nos deshicimos de todo de lo que podíamos prescindir. Pero ya en 2014 nos vimos con la soga al cuello», admiten.
El fondo del asunto -reiteran- se encuentra en la comercialización de las hipotecas con tipos referenciados al índice IRPH. Hasta 2017 habían abonado más de 210.000 euros del préstamo, pero seguían recibiendo cartas en las que veían que la deuda no se reducía y las cuotas seguían creciendo. «Era una deuda impagable». Asier y Naiara empezaron a sufrir episodios de ansiedad y depresión. Fue en esa época cuando comprendieron que, a su juicio, habían sido víctimas de un engaño y decidieron pedir asistencia jurídica.
Según la demanda que presentaron en el juzgado, tendrían que pagar más de un millón de euros para poder liquidar la deuda. Todas sus reclamaciones han sido desestimadas hasta ahora -el Supremo consideró legal el IRPH-, pero confían en la reciente sentencia del tribunal europeo. Este matrimonio no sabe lo que pasará en los próximos días. Sufren sobre todo «por sus padres». Pero insisten en que están dispuestos a pelear hasta el final. «Nunca hemos dejado de pagar», advierten Asier y Naiara.
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