«Nos mandan a otros colegios cuando hay plazas de sobra en la escuela pública»

Cinco familias de Bermeo han presentado un recurso de alzada contra la resolución definitiva de prematrícula para el curso 2025-2026, tras ver rechazada la solicitud de matrícula para sus hijos e hijas, de entre 2 y 3 años, en el colegio público San Frantzisko Herri Ikastetxea. La queja, que cuenta con el respaldo de la Asociación de Padres y Madres del centro, cuestiona duramente al departamento de Educación del Gobierno vasco por asignarles plazas en los otros dos centros concertados de la villa marinera –la ikastola Eleizalde y el colegio Sagrado Corazón, de carácter religioso–, «a pesar de que sabemos que la escuela pública dispone de vacantes de sobra para acoger a nuestros pequeños», aseguran.

Una de las cuestiones centrales de su denuncia tiene que ver con el uso del índice de vulnerabilidad, implantado hace dos años por Educación en el proceso de admisión de matrículas y que busca garantizar una distribución equilibrada del alumnado vulnerable entre centros públicos y concertados. De acuerdo a esa norma todos los centros públicos y concertados deben reservar una serie de plazas en las aulas de dos, tres y cuatro años para escolarizar alumnos de entornos desfavorecidos o con necesidades educativas especiales.

Estas cinco familias, sin embargo, cuestionan la forma en que se ha aplicado el baremo de vulnerabilidad y denuncian que, en su caso, esa condición ha servido, paradójicamente, para excluir a sus hijos e hijas de la escuela pública. «Bajo la excusa de esa supuesta vulnerabilidad, se nos ha negado el acceso a una educación pública», lamentaron ayer durante la lectura de su comunicado en el patio del colegio San Frantzisko. A su juicio, el cuestionario que deben completar durante la prematrícula para evaluar su situación socioeconómica «es poco efectivo, subjetivo y fácilmente manipulable», afirmaron asimismo.

En ese sentido, advirtieron además del riesgo de estigmatización de sus hijos a largo plazo. «Se corre el peligro de que queden marcados de por vida como 'vulnerables', lo que puede afectar a su autoestima y a su recorrido educativo». Insisten también en que «hemos elegido la escuela pública por convicción, por ser inclusiva y de todos, y se nos está negando el acceso a una educación gratuita y laica», pronunciaron.

El recurso presentado por las cinco familias de Bermeo también subraya el impacto económico que supone la decisión administrativa.

Según denuncian, los centros a los que han sido asignados implican «gastos extra» que no todos los progenitores pueden asumir. «En nuestro caso, al enviar a nuestro hijo a la ikastola, tenemos que pagar el transporte del autobús y el servicio del 'jantoki', ya que queda lejos del centro urbano», explica una de las madres. «En casa no podemos andar sacándoles de la escuela para traerlos a casa a comer y llevarlos de vuelta», se quejó.

Además del impacto económico, las familias destacan que han sido derivadas a colegios de Bermeo con proyectos pedagógicos «muy distintos» al que ofrece San Frantzisko, que sigue el modelo Amara Berri. «No solo perdemos el acceso a la escuela pública, sino también al tipo de educación que conocemos bien y que queremos para nuestros hijos e hijas».

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