«No está demostrado que los pesqueros causemos los varamientos de delfines»

Ningún barco mayor de ocho metros podrá pescar en aguas francesas del 22 de enero al 20 de febrero por tercer año consecutivo por la decisión adoptada por la UE para tratar de reducir las capturas accidentales de delfines. Como consecuencia, dos pesqueros de Bermeo y otros tantos de Ondarroa, volverán a amarrar y cerca de medio centenar de marineros tendrán que quedarse en tierra.

Para los portavoces del sector de altura la medida supone un 'castigo' desproporcionado para los barcos y sus tripulaciones «porque no está demostrado que los pesqueros seamos los causantes del varamiento de delfines», asegura Mikel Ortiz, gerente de la asociación de productores de altura de Ondarroa, (OPPAO).

Los afectados consideran que el estado de la población de estos cetáceos en el Atlántico nororiental y en el Cantábrico, está muy alejado de encontrarse 'amenazada'. «No está en riesgo de extinción ni mucho menos», reiteran. «De hecho, es una de las especies que presenta mayor abundancia de biomasa. Nunca se ha conocido tanto exceso de delfín en nuestras aguas», subrayan.

Para el sector resulta viable compatibilizar la conservación de los cetáceos con la continuidad de la actividad pesquera. En esa línea, han realizado inversiones económicas para facilitar la incorporación en sus pesqueros de observadores a bordo y sistemas de monitorización electrónica.

«Así, se puede determinar cuáles son las flotas que provocan la muerte de mamíferos marinos en lugar de decretar un cierre generalizado del Golfo de Bizkaia», añaden desde Bermeo. «Estamos a favor de preservar la población de delfines, pero su muerte accidental en ningún caso esta provocada por nosotros», recalcan. «No tenemos nada que ocultar», indican.

Los productores también alertan de las consecuencias de la veda en el consumo de pescado fresco de proximidad, especialmente en especies como la merluza capturada por la flota de la cornisa cantábrica. «Lo que sí es un hecho es que estamos privando a las familias de menos merluza de aquí, de nuestras aguas, que es sustituida por otras proteínas menos saludables o pescado congelado de importación y posiblemente capturado en condiciones menos sostenibles», denuncia Ortiz.

Precisamente, la necesidad de que las normas comunitarias se avalen las prácticas de pesca sostenibles y una gestión responsable de los recursos han encabezado las reivindicaciones que la delegación de los pescadores y arrantzales del Cantábrico –OPPs– han trasladado esta semana pasada al comisario europeo de Pesca, Costa Kadis, en Bruselas ante las inminentes negociaciones de las cuotas de pesquerías estratégicas como el verdel.

También reclamaron que las decisiones sobre las posibilidades de pesca de esa especie –sobre la que se plantea un drástico recorte del 70%– tenga en cuenta tanto la evolución de la biomasa como el impacto sobre el empleo y la viabilidad económica de las empresas y las comunidades costeras.

Entre la batería de asuntos que defendieron como prioritarios para asegurar la continuidad de la flota de bajura y la artesanal figuraron asimismo el relevo generacional en una actividad que tiene graves dificultades para atraer a jóvenes y la renovación de la flota, con barcos que necesitan adaptarse a nuevas exigencias ambientales y de seguridad.

«También recalcamos que los fondos pesqueros europeos son determinantes para apoyar inversiones, modernizar y ser sostenibles», indicaron desde la comitiva que también mantuvieron encuentros bilaterales con eurodiputados españoles.

En conjunto, OPPs Cantábrico, entre la que se encuentra la vizcaína de Opescaya, agrupa 339 barcos en activo, repartidos en 48 puertos pesqueros del norte. Estas embarcaciones, con distintas artes de pesca, capturan una amplia variedad de especies con la anchoa, verdel y bonito como principales objetivos.

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