La constructora de la torre de Garellano parada desoye el ultimátum para su salida

La compañía alavesa, que detuvo los trabajos a comienzos de febrero, cuando se encontraba en la planta 18 de 36, ni se ha llevado las máquinas ni ha desmontado andamios. La mercantil perteneciente al grupo madrileño Urbas alegó entonces que se había producido un encarecimiento de los materiales y pide abiertamente renegociar el contrato firmado en 2021, exigiendo unos 30.000 euros más de media a cada propietario. Algo que los afectados no están dispuestos a aportar porque el acuerdo que firmaron era del tipo llave en mano, con todos los imprevistos que pudieran surgir incluidos, a riesgo y ventura de la otra parte.

Ahora, la constructora no parece dispuesta a irse por las buenas. Al menos, esa es la sensación que tienen los futuros dueños de los 166 pisos que se espera que tenga el que sería el edificio residencial más alto de Euskadi. Aseguran fuentes de la entidad que les preocupa que Construcciones Urrutia se quede en el edificio, «torpedeando» la posible llegada de otra empresa del sector del ladrillo dispuesta a rematar el rascacielos. «Es un claro intento de secuestrar la obra para forzarnos a un acuerdo que ni queremos ni se va a producir, porque esto ya no es una cuestión de dinero sino que no confiamos en que puedan hacer viable y llevar a buen término el proyecto».

Esta estrategia pasaría, siempre según los afectados, por demorar lo máximo posible su marcha para forzar a un nuevo pacto que, aunque pueda suponer un incremento de costes, evite que la obra se retrase y se alargue 'sine die'. Fuentes de la cooperativa afirman que si Construcciones Urrutia sale ya del tajo, los promotores estarían en disposición de volver a la actividad en un plazo inferior a un mes. Pero para eso necesitan que los operarios de la compañía alavesa se vayan.

La hoja de ruta de los futuros propietarios pasa ahora por imponer sanciones a la constructora por los supuestos incumplimientos. En esta línea, aseguran que en el contrato se estipulan penalizaciones de hasta 10.000 euros diarios por retrasos y por el incumplimiento de las obligaciones. En este contexto, todo apunta a que los abogados de una y otra parte comenzarán a trabajar intensamente porque el asunto acabará, a todas luces, en el juzgado.

Construcciones Urrutia no quiso ayer hacer declaraciones. No aclaró el motivo por el que no acepta el ultimátum de la cooperativa. La firma alavesa siempre ha insistido en que «nunca hemos dejado una obra a medio ejecutar» y se mostró dispuesta a hablar para poder avanzar hacia una solución.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Bilbao también evitó pronunciarse sobre lo sucedido en Garellano. Hay que recordar que los futuros propietarios han pedido a la institución local que ejerza un papel de mediador para conseguir precisamente que la constructora lleve a cabo una retirada rápida y ordenada. Aseguraban los compradores que al Consistorio le interesa ver rematado un edificio de Richar Rogers y no que quede un esqueleto de hormigón a medias durante bastante tiempo.