Choque institucional por la «proliferación desordenada» de renovables en Bizkaia

Euskadi es un buen exponente de lo que está ocurriendo en el sector. Primero por el retraso que acumula a la hora de poner en marcha proyectos –el último parque eólico fue inaugurado en el Puerto de Bilbao en 2006–, pero sobre todo por las reticencias y el debate público que se está generando a cuenta de los efectos negativos que tiene levantar molinos, huertos solares y sus enganches a la red eléctrica. Un modelo que, en teoría, llegaba para mejorar las cosas.

Hace ya varios años que se puso nombre a ese rechazo que genera un proyecto entre la gente por el simple hecho de querer ubicarlo cerca de su lugar de residencia. Se denomina síndrome 'Nimby', acrónimo en inglés de Not In My Back Yard. Puede traducirse como 'No en el patio trasero de mi hogar'. Pero ahora la cuestión es otra. ¿La acuciante necesidad de hacer frente al calentamiento global es razón suficiente para instalar renovables aquí y allá? En Bizkaia, la Diputación cree que no.

En un informe al que ha tenido acceso este periódico el Ejecutivo vizcaíno reprocha a los gobiernos central y vasco que la «falta de planificación global» del sector está generando una «proliferación desordenada» de proyectos de renovables en algunas zonas del territorio. Hasta una veintena de solicitudes tienen ahora mismo las instituciones sobre la mesa, buena parte de ellas con ubicaciones cercanas en los montes de Las Encartaciones. La última palabra la van a tener en Madrid o en Vitoria, dependiendo de la potencia prevista en cada plan. Rara vez la Diputación se mete en charcos y cuestiones que no le corresponden, pero en este caso lo hace.

El análisis que firma el director foral de Medio Ambiente, Álex Peláez, junto a otros tres altos cargos de su departamento, alerta sobre la existencia de una «burbuja de iniciativas» que, cree la administración, pone «en entredicho» los beneficios que se busca con la implantación de las renovables. «Se pueden reducir las emisiones de gases pero se causarán otros impactos ambientales», advierte el estudio. Constata posibles afecciones paisajísticas, daños en hábitats protegidos, en zonas rurales, en áreas de alto valor histórico, en explotaciones ganaderas...

Más allá de lo que dice el propio documento existen al menos otro par de razones que justifican los reproches de la Diputación a las otras instituciones implicadas. La primera es el «efecto acumulativo» pernicioso que considera que supone el aluvión de proyectos. La segunda es que el Gobierno foral tiene las manos atadas en un tema en el que debería tener voz y voto.

Aunque la competencia sobre los parajes naturales, la flora y la fauna de Bizkaia es de la Diputación, la reforma de la Ley de Administración Ambiental aprobada por el Parlamento en 2021 faculta al Gobierno vasco a imponer proyectos a las administraciones forales y a los ayuntamientos que puedan oponerse cuando considere que debe primar el «interés público superior». Añadamos a eso el peso de otra ley que está en vigor desde febrero, la de Transición Energética y Cambio Climático que obliga, en consonancia con los requerimientos de la UE, a acelerar mucho: para 2030 un tercio de la energía utilizada en Euskadi debe estar generada por procesos no contaminantes. Ahora mismo ronda el 10%, uno de los datos más bajos de Europa.

Con este panorama, la Diputación ha elevado la voz. El documento ha sido remitido al Gobierno vasco como parte del informe elaborado por el área foral de Calidad Ambiental dentro del procedimiento de consulta que Lakua abrió hace unos meses para recabar la opinión de las administraciones de Álava y Bizkaia sobre uno de los proyectos de renovables más polémicos que hay sobre la mesa: el plan de Solaria para llevar energía fotovoltaica desde tres huertos que pretende construir en el entorno de Vitoria hasta Zierbena con un nuevo tendido eléctrico de 100 kilómetros.

Como hiciera antes Álava, cuyos dirigentes han sido mucho más beligerantes en sus declaraciones públicas contra Solaria, Bizkaia también sugiere que el proyecto «no debe autorizarse». Pero como sus informes no son vinculantes, el Departamento de Medio Ambiente aprovecha para entrar al fondo de la cuestión de las renovables y alertar sobre el descontrol y la «cicatriz» medioambiental de «gran magnitud» que se puede generar en defensa del medio ambiente.

El informe foral atribuye el exceso de planes a la demora que acumula el Gobierno vasco en aprobar el nuevo Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, que es el que debe regular los procesos y limitar las ubicaciones. Debería entrar en vigor a lo largo del año que viene, según auguró el pasado lunes el lehendakari en el foro Expectativas Económicas organizado por EL CORREO y el Banco Santander. «El equilibrio es complejo», reconoció Pradales en alusión a la necesidad de conjugar intereses generales y locales.

El otro reproche se lanza a Madrid porque cree el Gobierno foral que el Ejecutivo central incumple sus propias estrategias. Se refiere al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que hace ya un lustro contemplaba que los proyectos eólicos que habían solicitado licencia «triplicaban» la energía necesaria para cumplir los requerimientos de la UE, y en el caso de la fotovoltaica era 19 veces mayor.