Bizkaia ultima la ley para mejorar el monte y reducir su abandono y los incendios

La futura norma pone en valor la función social de los montes y los servicios ecosistémicos que prestan –son sumideros de carbono, generadores de aire limpio y agua o proveedores de ocio y de salud–. De hecho, se regularán pagos futuros a los propietarios por estas funciones –se realizará un informe que les ponga precio– y se incentivará su mantenimiento y su resiliencia a través de subvenciones, convenios y bonificaciones fiscales. «Buscar que la gestión del monte sea sostenible en términos económicos es fundamental para que no se abandonen y para que se realice de la mejor manera posible y preservando los beneficios que a todos nos reportan como medios de lucha contra la desertificación, la mejora de la calidad del aire...», ejemplifica la diputada.

Por otro lado, el 80% de los terrenos son de titularidad privada y se pretende incrementar la superficie de montes públicos. Por eso, la Diputación tendrá derecho a la compra preferente de las parcelas de más de 10 hectáreas. Seguirá, además, restaurándolas con especies autóctonas. En los montes públicos «se favorecerá la biodiversidad y el pasto del ganado». Además, la Diputación declarará, mediante orden foral y previa audiencia a los interesados, un listado de «montes protectores», que son montes privados de interés por su valor natural o paisajístico o por sus funciones ecológicas o sociales, con los que se contribuirá a la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y la mitigación del cambio climático. Los dueños deberán presentar un proyecto de ordenación alineado con la preservación de sus valores naturales. No serán urbanizables, ni aceptarán actividades incompatibles con su conservación, aunque los propietarios podrán ser compensados por estas limitaciones. Y aunque en el anteproyecto de norma foral no se recogen prohibiciones para ninguna especie maderera, se podrán contemplar en posteriores desarrollos.

La ley fomenta también la diversidad de especies: los montes particulares que se adhieran a un proyecto técnico de gestión forestal sostenible (MTGFS) verán reducida «la burocracia» al poder tramitar de forma simplificada las repoblaciones, aprovechamientos, entresacas... Y la Diputación podrá exigir la redacción de un proyecto de este tipo si algún monte es de especial relevancia ecológica o social. Además, muchas actuaciones quedarán exentas de licencia municipal. Por otro lado, para facilitar la gestión de los montes, se impedirá la segregación de terrenos de menos de tres hectáreas y se facilitarán las agrupaciones. La Diputación podrá promover de oficio la concentración y definirá qué unidades de vegetación deberán ser conservadas. Siempre habrá que respetar la de las riberas y las especies autóctonas.

Para la saca se utilizarán vías y caminos existentes y la apertura de nuevas requerirá de autorización. Los propietarios, además, deberán repoblar los terrenos que hayan sufrido cortas, incendios, vendavales, plagas o enfermedades dos años después y si no, la Diputación podrá sancionarles y realizarlo de forma subsidiaria. En montes protectores y de utilidad pública, la repoblación «se orientará a la conservación y mejora». En el resto, se realizará bajo la supervisión del Departamento.

Para «desincentivar los incendios», se prohibirá el cambio de uso de los terrenos incendiados durante los siguientes 30 años. Tampoco se permitirá el pastoreo en tres. Y se establecerán restricciones en función de la metereología: cuando haya aviso amarillo de Euskalmet y mientras se mantenga, no se podrán quemar restos ni hacer fuego en espacios abiertos, ni en las áreas de descanso de la red de carreteras, ni en las áreas recreativas, ni siquiera para realizar barbacoas. El uso de maquinaria y equipos cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas quedará prohibido en los montes y en las áreas rurales a 400 metros. Tampoco se podrá utilizar material pirotécnico ni arrojar objetos en combustión. Si hay alerta roja, todas las limitaciones se mantendrán durante 24 horas. La Diputación podrá exigir la apertura y conservación de áreas cortafuegos y que realicen trabajos preventivos. Mientras, las empresas eléctricas deberán mantener libres de arbolado los espacios situados bajo las redes para evitar tragedias. La Administración foral podrá indicar el trazado de nuevas líneas o o prohibir que discurran por el monte. Más adelante, expropiará una red de caminos que servirán de acceso en caso de incendio o fijará servidumbres para los mismos.

En cuanto a las actividades recreativas, se prohibirá el acceso al monte fuera de los caminos y vías existentes. Los visitantes deberán recoger los residuos que generen y no podrán provocar ruido y llevar perros sueltos por zonas de pastoreo, recreativas o con gran afluencia de visitantes, así como ir con las bicis campo a través. En cuanto al régimen sancionador, se actualizarán las cuantías máximas. Las muy graves, como destrozar un monte, se castigarán con hasta un millón.