Bizkaia contará con un juzgado más de violencia contra la mujer

Bizkaia contará con cuatro tribunales especializados en violencia contra las mujeres tras la apertura de un órgano más que se sumará a los ya existentes en Bilbao (2) y Barakaldi (1). Así lo ha anunciado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, en la apertura del Año Judicial. Según ha explicado, esta medida forma parte de un plan integral de mejora «en la dotación y la calidad de la respuesta» de los juzgados especializados. «Nos queda un margen importante para la mejora en la coordinación institucional y en la eficacia del sistema de Justicia. Y lo tenemos que recorrer con urgencia», ha defendido Ibarra.

El presidente del TSJPV ha señalado, en su intervención, que el funcionamiento de la administración de Justicia en el último año «ha seguido moviéndose dentro de unos parámetros de eficiencia saneados y, a la vez, decididamente mejorables». Así, ha destacado la «situación coyuntural» que han generado el «fortísimo incremento» de los asuntos ingresados a partir de junio por las llamadas 'cláusulas suelo' y el aumento en materia de reclamaciones retributivas de funcionarios. La suma de ambos «picos de reclamaciones» alcanzó en 2017 un total de 14.246 asuntos ingresados.

Por ello, ha explicado que la Sala de Gobierno del tribunal vasco tiene entre sus «objetivos centrales» la mejora en la respuesta a esta situación que «congrega a un número muy alto de procesos en torno a decisiones interpetativas sobre un muy acotado número de cuestiones jurídicas».

Tras insistir en que el «adecuado tratamiento del fenómeno» requiere de medidas legislativas, ha urgido a «una reflexión sincera, dirigida a las partes procesales concernidas, en orden a evitar que se siga lastrando injustificadamente al sistema de Justicia con una litigiosidad evitable, que consume enormes recursos públicos».

También con el carácter de objetivo prioritario, la Sala de Gobierno ha acordado promover un plan integral de mejora en «la dotación y en la calidad de la respuesta» desde los juzgados especializados en materia de violencia sobre la mujer. Como ya indicó el pasado septiembre tras la muerte de Maguette Mbeugou, víctima de la violencia de género, Ibarra ha afirmado que «queda un margen importante para la mejora en la coordinación institucional y en la eficacia del sistema de Justicia con mayúsculas». «Y lo tenemos que recorrer con urgencia», ha defendido.

El objetivo es abordar la mejora en la coordinación entre las situaciones de detección de riesgo y las medidas judiciales de protección de las mujeres y de los menores víctimas de la violencia de género«.

En el ámbito de la Administración de Justicia, se propone, inicialmente para el territorio de Bizkaia, «aumentar a cuatro el número de juzgados especializados de violencia sobre la mujer, así como ampliar al ámbito provincial la jurisdicción de estos juzgados cuya sede reclamamos para el partido judicial de Bilbao«, ha explicado Juan Luis Ibarra.

Asimismo, se busca promover el compromiso con este plan integral por parte de los departamentos de Justicia y de Seguridad del Gobierno Vasco. En concreto, se plantea que Justicia estudie la forma de concentrar los servicios forenses y psicosociales, «dotándolos de unas infraestructuras adecuadas a la calidad de las prestaciones propuestas», y que Seguridad «resuelva satisfactoriamente los problemas de protección en la movilidad de las mujeres denunciantes».

Por su lado, la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, ha asegurado que produce «cierta inquietud» el «reiterado» mensaje que insta a la jurisdicción penal a «una automatización en las medidas de protección a las víctimas».

«Desde la Fiscalía queremos trasladar que nuestra responsabilidad hacia las víctimas es máxima», ha subrayado la fiscal vasca, que ha apuntado la necesidad de seguir recibiendo formación que «haga que su presencia en nuestro ámbito sea lo menos traumática posible».

Adán ha advertido, no obstante, de que «no se pueden mezclar» las medidas de protección de la víctima que no afectan a terceros y las que exigen también «limitar los derechos de otro» a través de órdenes de alejamiento, de protección o de prisión del denunciado, supuestos en los cuales «existen criterios de proporcionalidad que, si no se cumplen, nos impiden actuar». «Nos autolimitamos porque los derechos que debemos proteger nos lo exigen», ha añadido.

En este sentido, ha señalado que hay que «insistir en esta clave» al tratar los delitos de violencia de género y doméstica y las cifras de órdenes de protección y alejamiento. Según ha explicado, según los últimos datos disponibles, un 87% de las medidas de protección y alejamiento solicitadas han sido acordadas y un 13% denegadas.

En palabras de la fiscal, «estos porcentajes no los entendemos como cifras de acierto o desacierto, sino como los que nos motivan a seguir demandando más medios para la comprobación de estos delitos, para realizar auténticas valoraciones de riesgo en el menor tiempo posible, para pedir un mayor reforzamiento psicológico de la víctimas por servicios especializados que ayuden a que no se retraiga en su denuncia».

Por otro lado, ha reconocido que, en el ámbito de los menores edad, «preocupa» que siguen aumentando los delitos de violencia de género y en el ámbito familiar, así como que en otro tipo de delitos «se perciben mayores dosis de violencia».

Adán ha subrayado la necesidad de «una actuación preventiva» en el ámbito educacional, familiar y social con este colectivo y ha pedido que todas las instituciones «aúnen esfuerzos reales».

Asimismo, ha indicado que los delitos contra la propiedad «numéricamente siguen situados en la primera línea» y ha destacado que la ciberdelincuencia «se consolida». En este campo, ha aludido a los delitos relacionados con el uso de datos y ha advertido de «la paradoja» de que los casos «no siempre llegan al proceso penal por la denuncia de afectado» porque «no lo percibe» o porque «no es consciente de que tiene la protección penal de su derecho».

En materia de casos de corrupción, la fiscal vasca ha apuntado que existe una percepción de que «la falta de suficientes controles en subvenciones y ayudas en importantes cantidades ha deparado perjuicios económicos muy relevantes, que no tenían que haber llegado a la jurisdicción penal de haberse actuado con estricta sujeción a la legalidad».