10 años de cárcel para un funcionario de la Hacienda vizcaína por filtrar «datos privilegiados» a su mujer

Pero el funcionario fue desenmascarado en 2019. Su proceder fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y ahora la Audiencia de Bizkaia le impone una pena de 10 años de cárcel por cuatro delitos de revelación de secretos y uno de actividades prohibidas. La sentencia reconoce que se ha producido un perjuicio a las arcas forales, pero no cuantifica de cuánto dinero se ha podido tratar ni tampoco establece ninguna indemnización para la Administración pública. El fallo es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

El ahora condenado es funcionario de carrera desde 1986, en la subescala administrativa. Desde 2010 trabajaba como informador de tributos y poseía claves para acceder a las bases de datos de Hacienda. En el fallo se asegura que entre 2017 y 2019 accedió a las declaraciones modelo 347 de las empresas que habían mantenido relación con tres clientes de su esposa (uno de ellos era un médico traumatólogo que es también su primo). Este modelo 347 se utiliza para cruzar las compras y ventas de compañías entre sí, cuando han tenido una relación comercial de más de 3.005 euros en ese año. Según declararon dos inspectores de Hacienda durante la vista, este trámite del 347 es «de gran utilidad porque es una herramienta para perseguir el fraude». Impide que una empresa no declare una venta, por ejemplo, ya que si la otra parte la pone en conocimiento de las autoridades tributarias, llamaría la atención de los funcionarios.

Y, según la sentencia, el acusado consultó datos de una treintena de mercantiles que habían hecho operaciones de elevado valor (1,2 millones de euros) con los tres clientes de su mujer. De esta forma, pudo apropiarse y desvelar datos ajenos que, irregularmente utilizados, pudieron servir a sus conocidos para «ajustar» sus obligaciones fiscales. Es decir, pudieron caer «en la tentación de no declarar todas sus ventas». Si utilizaron o no esa «información privilegiada» para defraudar es algo que no ha quedado claro, posiblemente porque el acusado desactivó la que es precisamente la principal herramienta para comprobarlo.

Lo que sí ha quedado acreditado es que el condenado consultaba «con frecuencia y repetición» la mayoría de los datos de los clientes de la asesoría de su mujer. En concreto, de 94 de los 105 que habían otorgado su representación ante Hacienda. Y lo hizo durante varios años. De todo esto hay constancia documental. Los peritos presentaron un complejo informe y evidencias informáticas. Aseguraron que todo acceso a las bases de Hacienda deja un rastro. Demostrarlo, no obstante, no fue fácil, ya que hubo que cotejar hasta 65.400 accesos y consultas que el funcionario procesado realizó en el marco de su trabajo entre 2007 y 2019.

Durante el juicio, el funcionario negó cualquier responsabilidad. Dijo que no trabajaba en la asesoría de su mujer. Sostuvo que al principio, cuando fue fundada en 1999, «le echó una mano para ponerla en funcionamiento», pero solo «con temas relacionados con la informática». En otras ocasiones admitió que hizo «de mensajero». Y también negó haber accedido a información reservada. Los jueces han considerado como concluyentes tanto los informes periciales como las declaraciones de varios testigos que le situaron en la asesoría, incluso «con despacho propio». La firma en cuestión se llamaba Bizkaina de Asesoramiento Impulsora de Empresas (BAIEM). Cerró el año pasado. Y sus bienes se liquidaron en diciembre.