Andueza e Itxaso piden al PNV una «inversión estable» para construir más vivienda protegida
El PSE defiende el impacto positivo de la Ley de Vivienda vasca desde 2015 pero llama a «seguir evolucionando ante la cruda realidad»
El Parlamento vasco aprobó en junio de 2015 la primera Ley de Vivienda autonómica con los votos a favor de PSE, EH Bildu y UPyD. ... Diez años después los socialistas han querido defender hoy miércoles el impacto positivo de la norma que promovieron, pero han llamado a «seguir evolucionando ante la cruda realidad» que asola el mercado inmobiliario. Los demandantes de VPO son ya más de 100.000, incluyendo la clase media que antes se compraba un piso libre, y el tema ha escalado hasta convertirse en uno de las principales preocupaciones de la sociedad.
Con una nueva Ley de Medidas Urgentes que pretende acelerar la construcción de VPO recién presentada -se prevé que el Parlamento le dé luz verde antes de fin de año-, el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, han pedido durante una comparecencia en Bilbao que la inversión que destine el Gobierno para ampliar el parque público de una forma «muy relevante» sea «estable y consistente». Aunque ya se sabe que el Ejecutivo trabaja en la creación de un fondo público-privado del que tirar para estas cuestiones, el mensaje llega después de que el consejero de Hacienda Noël d'Anjou augurara ayer que el crecimiento presupuestario será en 2026 «moderado».
Pese a la previsión de D`Anjou, los dirigentes del PSE han emplazado a «ser conscientes del problema de oferta (de vivienda)» y a «acelerar la construcción» de VPO porque eso, creen, permitirá atender las necesidades de un mayor número de inscritos en Etxebide e impactar en los «disparados» precios del mercado libre que el consejero Itxaso ha atribuido a una «lógica especulativa» a la que se quiere poner coto con la declaración de zonas tensionadas.
Pese a todo, Andueza ha querido recordar que la Ley de Vivienda fue un «hito histórico vanguardista» que permitió, por ejemplo, el reconocimiento del derecho subjetivo a tener un hogar, o que permite a personas con ingresos más bajos tener acceso a un alquiler protegido o a una prestación económica alternativa. También blindó las VPO, que ya no pueden ser recalificadas. 34.000 viviendas de las 108.000 ejecutadas con fondos públicos desde 1991 han pasado al mercado libre.
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