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Jueves, 11 de julio 2019, 11:19
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El Ayuntamiento de Castro Urdiales (31.977 habitantes) gastará este año 728.940 euros en mantener a los políticos de la localidad y a sus cargos de confianza. Es decir, cada residente en el municipio, gobernado por el PSOE y Ciudadanos, tendrá que aportar unos 222,79 euros para mantener a los 11 concejales y 7 cargos de confianza, además de a la alcaldesa, la socialista Susana Herrán, que tendrá un sueldo anual de 68.008 euros (51.954 brutos más 16.054 en retenciones de la Seguridad Social). El dato es importante, dado que en la legislatura anterior el coste anual de los políticos fue de 338.900 euros, prácticamente la mitad. Y fue así porque el hasta ahora alcalde, Ángel Díaz-Munío, adscrito a la formación verde Castroverde, que fue la lista más votada en 2015, alcanzó un acuerdo de gobierno con el PSOE y acabó gobernando en solitario desde abril de 2017, optó por prescindir de su sueldo desde su toma de posesión hasta el final de su mandato. Además, eliminó los cargos de confianza y las subvenciones a los grupos municipales, medidas que, junto con la redistribución de las dedicaciones de los concejales electos, permitieron una significativa reducción de los gastos políticos. Atrás ha quedado esa «otra forma de hacer política» que propugaba Castroverde.
Un esfuerzo encaminado a «sanear las cuentas y recuperar inversiones para la ciudadanía». La situación en el consistorio castreño vuelve a ser por tanto la que que se vivió entre 2011 y 2015, cuando gobernó el Partido Popular, tal y como se ha aprobado en el pleno celebrado hoy. El acuerdo PSOE-C's recupera el personal de confianza que Castroverde eliminó hace cuatro años al considerar que los partidos habían utilizado esta figura para «colocar a personas de las formaciones políticas sin haber sido elegidas por los ciudadanos ni pasado por ningún tipo de selección o reconocimiento de méritos con el objetivo de realizar tareas administrativas que pueden hacer los ediles». Desde Castroverde defienden ahora que «los concejales tienen que recibir un sueldo acorde a sus tareas», pero tachan la subida de «desproporcionada».
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