Cientos de personas se echan a la calle en Bilbao contra la brecha en salarios y en pensiones y por el reconocimiento de los cuidados

El movimiento feminista ha vuelto a salir este 8 de marzo a las calles de Bilbao para reclamar igualdad porque cree que la pandemia ha agravado la desigualdad y la precariedad laboral de las mujeres, que además han visto incrementado el lastre eterno de los cuidados durante la crisis. Durante la pandemia, han explicado, muchas mujeres han perdido han retrocedido en sus derechos y se han vuelto más vulnerables a la violencia machista. Esta edición, el 8-M ha puesto el foco en la situación de las cuidadoras de personas mayores y empleadas de hogar, normalmente mujeres extranjeras con salarios precarios, y en la brecha en las pensiones por haberse dedicado a cuidar a familiares, una labor que no generó derechos y que ahora hunde en la pobreza a miles de mujeres mayores.

El confinamiento perimetral y el llamamiento de la gran mayoría de partidos a no secundar las movilizaciones, - solo Elkarrekin Podemos y EH Bildu han animado a participar en los actos respetando las medidas de seguridad- además del miedo al virus, ha restado asistencia a las concentraciones, aunque cientos de personas han secundado los actos convocados en la plaza Pío Baroja y frente al Ayuntamiento. Los colectivos de gitanas feministas han sido los encargados de poner voz a a las reclamaciones.

La protesta se ha desarrollado primero junto a la sede de Extranjería, donde se han denunciado todas las muertes de mujeres cada vez que tratan de cruzar las fronteras para huir de la pobreza y de la violencia. Desde la asociación Amuge, Noemí Amaya ha reivindicado la necesidad de unir fuerzas contra el racismo que golpea aun más a las mujeres. A su juicio, las racializadas sufren una doble discriminación. También ha puesto el foco en la discriminación laboral y social que sufren las inmigrantes, a las que se relega a las tareas de cuidados en régimen de «semiesclavitud». «La precariedad azota nuestras vidas y por eso exigimos la corresponsabilidad de los cuidados. Nos negamos a sostener la vida en régimen de explotación y precariedad. Pedimos una red de cuidados públicos gratuitos y universal que garantice unos salarios dignos a a todos los trabajadores y decimos no a la Ley de Extranjería que despoja a todas las mujeres de cualquier derecho laboral. Porque el machismo y el racismo van de la mano para perpetuar la explotación de las mujeres», ha reivindicado Rosa Jiménez, de la asociación Sim Romi de mujeres gitanas.

El machismo, aseguran, golpea a todas las mujeres del mundo, por lo que se ha reclamado también la libertad en otros países. A las doce, la comitiva feminista ha acudido al Ayuntamiento para unirse al movimiento de pensionistas y reclamar el fin de la brecha salarial y de las pensiones. Allí han leído una comunicado compartido y han tenido un recuerdo para todas esas mujeres a las que, por la pandemia, no dejan salir a la calle para «reivindicar todas sus desigualdades y toda su invisibilidad».

Las pensionistas Aurora Rola y Andrea Uña han recordado que las llevan ya tres años de movilizaciones para lograr la equiparación salarial. «Las mujeres mayores seguimos sufriendo las consecuencias de la discriminación laboral, la precariedad y la feminización de los cuidados que ni son reconocidos ni generan derechos para acceder a una pensión suficiente y a una vida digna. Miles de mujeres pensionistas seguimos viviendo con pensiones de miseria. La pandemia ha incrementado estas desigualdades porque ha crecido la necesidad de atención y de cuidados a costa del esfuerzo no reconocido de las mujeres», han reivindicado. Por ello, han solicitado políticas feministas de conciliación, de corresponsabilidad y poner fin a la explotación de las mujeres empleadas de hogar.

«El sistema heteropatriarcal nos ha excluído del mercado laboral durante décadas para destinarnos a jornadas de cuidado perpetuas que ahora no se ven reconocidas», han denunciado. En consecuencia, «miles de mujeres mayores viven ahora el final de sus vidas en la pobreza, soledad y arrinconadas socialmente». Por ello, han exigido antes una pensión de 1.080 euros en 14 pagas, el reconocimiento social y económico de los cuidados familiares y un debate sobre el trabajo no retribuído realizando siempre por mujeres, «muchas de ellas racializadas». Después, han pedido que se retribuya a las viudas con el importe íntegro de la pensión correspondiente a sus cónyuges.

Desde el colectivo feminista, Aura Vázquez e Iratxe Hernández, de Mujeres del Mundo y Sin Romi, han asegurado «que la pandemia ha puesto en evidencia un problema estructural, que las mujeres son el sostén del trabajo de los cuidados». A su juicio, deben redistribuirse las responsabilidades, hay que tejer una red de servicios públicos y valorar la labor de las internas y de todas las empleadas de hogar.

«El heteropatriarcado se articula en tres ejes, el machismo, el racismo, el capitalismo y las inmigrantes somos las más vulnerables. Somos esenciales pero invisibilizadas, tan fundamentales como infravaloradas. Por eso denunciamos las violencias estructurales que sufrimos las mujeres cuidadoras, migradas y racializadas, el acoso sexual, las complejidades burocráticas, y las carencias de la ley de empleadas de hogar, además del racismo de las instituciones y de las familias contratantes que permiten la sistemática vulneración de nuestros derechos», han dicho, para volver a reclamar un modelo público y gratuito de cuidados que garantice un salario digno a los trabajadores. Además, han recordado a las 12 asesinadas en lo que va de año en España por la violencia machista. La concentración ha finalizado con la lectura del poema 'No pasarán' de Dolores Ibarruri.