La Diputación se plantea penalizar a las empresas por la huelga de las residencias

La Diputación está trabajando en «fórmulas jurídicas» que permitan aplicar penalizaciones a las residencias donde «descienda la calidad del servicio». Así lo ha anunciado hoy la diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, durante una comisión de su área en las Juntas, en la que ha precisado que «no solo queremos hacerlo en futuros pliegos sino también sobre las últimas huelgas». Se trata de una cuestión «compleja», que no sólo se aplicaría en los paros sino siempre que baje la calidad, y la Administración vizcaína está centrada en la búsqueda de certezas jurídicas «para no vernos ante una demanda por incumplimiento unilateral del contrato». La intención de Acción Social es llevarlo adelante pero «con toda las garantías».

Por el momento, los técnicos han recabado datos de seguimiento de los últimos paros. La idea es cuantificar qué parte de los 81 euros diarios que paga Bizkaia por plaza podría reclamarse. «A la espera de los datos de febrero, el anterior periodo tuvo afección en 26 de los 147 centros, entre un 10 y un 20%», máximo que fijan los servicios mínimos. El juntero popular Eduardo Andrés insistió en «la necesidad de saber a cuántos usuarios afecta porque es posible que sean más de la mitad, ya que van a la huelga los centros grandes». De prosperar, los internos que pagan plazas privadas lograrían un importante espaldarazo para reclamar lo mismo.