El PP duda de que sea legal el pago foral de 757.000 euros a un letrado por el 'caso Jabyer'
El portavoz popular en Juntas Generales, Javier Ruiz, advierte de que «no es el único caso en el que se ha actuado de esta forma y después se ha pagado una minuta muy elevada»
Josu García
Miércoles, 27 de abril 2016, 01:21
«Tenemos muchas dudas de que sea legal pagarle 757.000 euros de fondos públicos a un abogado por un caso, sea el que sea, sin que medie concurso o licitación alguna». El portavoz del PP en Juntas Generales, Javier Ruiz, pidió ayer la comparecencia urgente en la Cámara de la diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales, Ibone Bengoetxea, para que dé explicaciones sobre el modo en que el equipo del exdiputado general José Luis Bilbao encargó al letrado Enrique Olaran Bartolomé la representación de la institución foral en el proceso penal contra el empresario Jabyer Fernández.
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Tal y como adelantó ayer EL CORREO, el profesional bilbaíno recibió esta encomienda, por la que cobró tres cuartos de millón de euros, de manera directa, mediante acuerdo del Consejo de Gobierno en un asunto del tipo C, es decir, que no estaba en el orden del día. Sucedió en 2009.
El PP advierte de que «no es el único caso en el que se ha actuado de esta forma y después se ha pagado una minuta muy elevada». Por este motivo, los populares quieren saber «qué mecanismo legal, si es que lo hay, soporta este tipo de decisiones». «Y también nos gustaría conocer -insiste Ruiz- qué tipo de criterios se siguen para elegir a un abogado concreto y no a otro profesional de entre los muchos buenos que hay en Bizkaia».
Vinculaciones con el PNV
También hizo hincapié en la elevada cantidad que la Diputación gasta anualmente en abogados externos para su representación en juicios o en concepto de asesoría. «Cinco millones en cinco años es mucho dinero, sobre todo si se tiene en cuenta que buena parte de estos recursos se han asignado mediante contratos menores (inferiores a 18.000 euros) escapando casi a cualquier control».
Ruiz también llamó la atención sobre el hecho de que tres de los principales bufetes que trabajan con la institución foral tienen «relación» con el partido gobernante. «Guillermo Ibarrondo ha llevado casos muy ligados a los jeltzales, como la incautación de batzokis; mientras que Ricardo Sanz, exsenador del PNV, trabaja con muchos ayuntamientos que están dirigidos por los nacionalistas», apuntó. «Por último, está Uría Menéndez, que es un despacho de reconocido prestigio, y del que Javier Balza (exconsejero de Interior) es socio desde 2013».
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