La juez levantó el cierre cautelar del Budha para «mantener sus 15 empleos y el pago de deudas»

La sanción municipal debía entrar en vigor el pasado 4 de abril, pero los clientes del club de moda de la capital vizcaína supieron tres días antes que el local seguiría abriendo las puertas con absoluta normalidad después de que un dj anunciara, voz en grito al final de la noche: «¡Que seguimos, que por ahora no cerramos». Ese mismo día -el 1 de abril-, la jueza emitió un auto en el que, si bien apelaba «a la salvaguarda de los intereses públicos», justificaba la suspensión cautelar reclamada por los seis socios de la sala de fiestas para «permitir la continuación de la actividad empresarial» y con ello asegurar la «prestación laboral de estos 15 trabajadores».

La resolución judicial dio un soplo de aire a los empresarios, ya que les posibilitaba el «cumplimiento puntual» de los pagos pendientes a distintos «proveedores y acreedores», que se elevan a 216.000 euros, además de poder satisfacer el abono de las «deudas contraídas con la Hacienda pública, por un importe nada despreciable de 28.683 euros».

Mientras «se sustancia el proceso», la jueza ha ordenado a la Policía local u otros «órganos competentes» que «sometan» la actividad del Budha, emplazado en lo que fue en su día el popular Capri, a «controles exhaustivos diarios, en todas y cada una de las sesiones». Ana María Martínez alega que los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Bilbao deberán darle «cumplida cuenta» de los resultados «de estos controles»; y advierte de que «un nuevo incumplimiento del aforo» daría lugar «a la revocación de la medida cautelar», que el Consistorio no tiene previsto recurrir «en ningún caso», según confirmaron ayer portavoces municipales a este periódico. En el supuesto de que la sala excediese en cualquier momento el límite reglamentario, se procedería a su «cierre inmediato, hasta el total cumplimiento de la sanción», detalla el auto.

«Acatamos sin compartir»

Responsables del Ayuntamiento bilbaíno señalaron ayer que no recurrirán la medida al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) «por tratarse de una decisión cautelar. Nunca lo hacemos cuando hablamos de incidentes cautelares y tampoco lo vamos a hacer ahora», subrayaron las mismas fuentes. «Acatamos la suspensión provisional, aunque obviamente no la compartamos, y esperamos que se vaya al fondo del asunto para resolverlo», precisaron.

El Budha echó a andar a finales de 2014 y le bastaron muy pocos meses para convertirse en la discoteca más frecuentada de la ciudad. También para mantener fuertes enfrentamientos con los vecinos, que han denunciado en múltiples ocasiones la actividad de una sala que, aseguran, les hace «la vida imposible. Estamos hasta las narices de que la gente vomite y orine cerca de nuestros portales y haga botellón», se quejan. Los dueños asumen que cometieron un «error» al permitir la entrada de más personas de las autorizadas, si bien destacan «defectos de forma» en las mediciones realizadas por la Policía Municipal.

«Acatamos la decisión, pero si la hemos recurrido es porque consideramos desproporcionada la multa hasta el punto que pondría en peligro la continuidad del negocio», señaló uno de los propietarios. Tesis que corrobora la juez al sostener que la ejecución de la sanción establecida -de abril a julio- habría alcanzado «a parte del periodo estival, que en este tipo de establecimientos resultan ser los más provechosos a efectos de facturación».