El 'caso Osasuna', una decisión previsible

En el 'caso Osasuna', confirmada por sentencia firme la responsabilidad penal de sus exdirigentes tanto por motivo de delitos económicos como por el vinculado amaño deportivo, nadie en este país hizo leña alguna, ni pareció contemplar la posibilidad de un añadido castigo en el terreno competitivo. Quizás por aquello de que bastante tenían con lo suyo los ejecutivos ejecutores, por haberse llevado dinero de un club, en esto sí, perjudicado.

Osasuna no fue condenado penalmente en ese procedimiento, aunque el fraude deportivo lo era en su nombre y favor (esto es lo fundamental) y, en cambio, fue resarcido por la distracción de fondos aparejada al amaño, ambas conductas con coincidentes autorías individuales. De la responsabilidad administrativa y deportiva interna ni rastro, y ello pese a que los hechos los conoció de primera mano, a través de sus auditorías, la propia Liga de Tebas. Ni la patronal de clubes, ni la RFEF (por mucho que los actuales rectores rojillos carguen hoy contra ella) emprendieron sanción doméstica alguna. No debería olvidarse.

La UEFA maneja otros parámetros y distintos intereses, y si no siempre aplica iguales raseros no suele ser por la identidad del país, incluso de los clubes, sino por las implicaciones económicas, poderoso caballero en Nyon. También previsiblemente lo comprobaremos con una patada hacia adelante en el caso Barcelona-Negreira, por pura comparación con el caso navarro, y ello aunque, según lo que rezan los reglamentos del máximo organismo del fútbol europeo y dicen los antecedentes, el club blaugrana debería llevar el mismo camino.

Tras la recomendación de sus inspectores, la decisión que, salvo sorpresa, adoptará en próximos días, en procedimiento abreviado, el Comité de Apelación de la UEFA de inadmisión de Osasuna en la Conference League resultaba claramente predecible. Es cierto que la señalada circunstancia de que la sentencia española excluyera la responsabilidad penal de Osasuna como persona jurídica proporcionaba un argumento para su defensa, pero sabíamos que el análisis de la UEFA se centra directamente en los hechos y en sus participantes, y la autoría del consumado amaño por parte de importantes dirigentes del club resultaba motivo más que suficiente para la inelegibilidad.

La implicación de Osasuna era incuestionable, pese a que juntas posteriores abjuraran de los anteriores manchados dirigentes y aún se personaran en la causa como perjudicados, fundamentalmente por la sustracción de fondos, pues por su empleo ilícito el daño reputacional no es aducible por el propio club beneficiario de la conducta irregular. La previsible definitiva exclusión de Osasuna de la Conference no puede hacer olvidar sus méritos deportivos, ganados en el campo, para competir en Europa. Eso nadie lo puede dudar. Pero los deslices se pagan.

La culpa de esas ignominiosas conductas anteriores no la tienen, es cierto, los actuales gestores, ni los aficionados navarros, pero la responsabilidad deportiva es necesariamente única, como club, por difícil que sea de asumir. Menos puede apuntarse desde Pamplona a quien de rebote pudiera resultar beneficiado, en este caso al Athletic, ni debería abonarse con ello un absurdo enfrentamiento entre clubes y aficiones. Como el propio comunicado de Osasuna ya apunta (aunque debería ahorrarse expresiones descalificatorias hacia quien aún ha de resolver su recurso) la mirada habría de dirigirse, en todo caso, a donde se ha esgrimido su caso para exculpar el propio.